HISTORIA DE UN DESENCUENTRO: EJÉRCITO Y REPÚBLICA HACIA LA ESPAÑA DEL FRENTE POPULAR

Dos preguntas deben encabezar el presente trabajo: ¿cómo un Ejército que en 1931 había aceptado la llegada de la República cinco años después se sublevaba contra ella? y ¿activó la llegada de un gobierno del Frente Popular al poder una conspiración hasta esos momentos retenida?

Adelantándonos a las conclusiones de este trabajo, hay que señalar que no fue el Gobierno frentepopulista el factor determinante del tránsito hacia la ilegalidad de una parte de los miembros del Ejército español. Podríamos decir metafóricamente que algunas decisiones tomadas por el Gobierno de la coalición de izquierdas, e incluso algunas inacciones, cebaron una mecha en un explosivo que ya había sido manipulado anteriormente.

I. LA PÉRDIDA DE VALORES REPUBLICANOS[Subir]

Los últimos años de la monarquía de Alfonso XIII marcan una evidente crisis de la institución militar, debido fundamentalmente al peso político que fue adquiriendo esta corporación frente un cuerpo político decadente y de escasos valores democráticos. La crisis de la institución castrense iba ligada a la crisis del sistema canovista vigente en aquellos momentos. La llegada de Primo de Rivera al poder no fue una solución, sino un acelerador de esta convulsa relación entre Ejército y poder político. Así lo acredita que durante la dictadura se disolviera dos veces el Arma de Artillería y que fueran acciones militares como «la Sanjuanada» (24 de junio de 1926); la sublevación de Sánchez Guerra, con incidentes en Valencia y Ciudad Real (28 y 29 de enero de 1929) o la insinuada acción del general Goded en Cádiz (enero 1930) los principales eventos que muestran la resistencia al régimen de Primo de Rivera^‍‍[1]. Pero también fue a través de la institución militar como se intentó por primera vez instaurar la República en el frustrado golpe de diciembre de 1930, demostrando el creciente desapego de algunos de sus miembros de los valores monárquicos, e incluso, en algunos casos, del conservadurismo ideológico imperante en una institución caracterizada por su rigidez ideológica e inmovilismo.

La instauración de la Segunda República supuso una reforma en profundidad de la institución militar. Los componentes de la corporación conocían la necesidad de las transformaciones aprobadas, no oponiéndose a los impulsos que se desarrollaban desde el Ejecutivo. Solo la política de personal adoptada alteró los primeros momentos de vida militar de la Segunda República. En aquellos meses del nuevo régimen los directores de este departamento y el Gobierno de la nación tendieron más a premiar a los militares vinculados a las acciones armadas de diciembre de 1930 que a seleccionar al personal de mayor valía para la dura misión de reformar una institución que se caracterizaba por su escasa flexibilidad y por sus reticencias a todo cambio. Fueron favorecidos los sublevados de Jaca y Cuatro Vientos. Así, Gonzalo Queipo de Llano ascendió a general de División y nombrado capitán general de la Primera Región Militar (Madrid)^‍‍[2]; Ramón Franco, jefe de la Aeronáutica Militar^‍‍[3] y Arturo Álvarez Buylla, director de la Aeronáutica Civil^‍‍[4]. Como estos oficiales, otros integrantes de aquellas acciones armadas fueron premiados con destinos y puestos de relevancia.

Crecidos por sus nuevas responsabilidades y el relanzamiento de sus carreras, algunos de estos militares se pronunciaron contra sus compañeros de armas que añoraban el régimen caído, y contra la corporación en general. Así sucedió con un discurso pronunciado por el general Queipo de Llano en Bilbao, el 2 de mayo de 1931^‍‍[5], o con Ramón Franco en sus visitas a la base de Tablada, en Sevilla, instalación a la que convirtió en sede de su campaña electoral, cuando decidió presentarse a las primeras elecciones plenamente republicanas, fijadas para el 28 de junio de 1931 dentro de la Candidatura Republicano Revolucionaria^‍‍[6].

Pero no serían Ramón Franco y su círculo de pilotos los únicos militares que en aquellos primeros días del nuevo régimen decidieron entrar en política. Tampoco fueron militares de ideología monárquica, añorantes del régimen caído, los que iniciaron una labor de injerencia partidista, infringiendo sus obligaciones de neutralidad. Los primeros militares de los que se conoce una labor de proselitismo dentro de los muros de los cuarteles eran militares republicanos con ideales de izquierdas. Uno de los oficiales más activos fue el capitán de artillería Salvador Sediles Moreno, participante en la sublevación de Jaca. Como Ramón Franco, fue elegido en las elecciones a Cortes Constituyentes de 1931 diputado por la circunscripción de Barcelona en representación del Partido Republicano Federal de Izquierdas. Este militar, como otros compañeros, inició su carrera política organizando reuniones clandestinas y repartiendo panfletos y pasquines en distintas unidades militares. Estas «campañas» estaban cargadas de un furioso antimilitarismo, acusando a sus compañeros de profesión de represores e involucionistas.

La finalidad de esta infiltración era conseguir afiliados y crear un estado de ánimo en la tropa contrario a sus mandos y a la disciplina. A los oficiales se los acusaba de enseñar a matar y obligar a ejercer a la tropa trabajos indecentes; se informaba a los reclutas de que recibían insultos y castigos de «un galoneado cualquiera»^‍‍[7]; se indicaba que el Ejército era el instrumento que mantenía tanto a una República prostituida como al capitalismo parásito y explotador, propugnando la revolución y el capitalismo libertario^‍‍[8]; se advertía a los soldados de que serían apaleados o detenidos injustamente^‍‍[9].

Pero hubo muchos más militares en estas labores de proselitismo. La respuesta gubernamental fue aplicar las leyes vigentes, toda vez la prohibición que recaía en todos los miembros del Ejército de intervenir en política toda vez que la prohibición de intervenir en política recaía en todos los miembros del Ejército. Hoy conocemos algunos de estos procedimientos. Así sucedió en el Regimiento de Infantería núm. 17, con sede en Málaga, donde tuvieron lugar una serie de reuniones «clandestinas» promovidas por el capitán de infantería José María Piayo Rebollido, condenado por los hechos de Jaca en diciembre de 1930. Con dichas reuniones se pretendía promover la formación de un partido denominado I.R.Y.A. (Partido de Izquierda Revolucionaria y Antiimperialista) que tenía como ideas programáticas, entre otras, «la disolución del Ejército y de la Guardia Civil, llevando a cabo la revolución por todos los medios y, por consiguiente, oponiéndose al poder constituido del Gobierno Provisional de la República»^‍‍[10]. Otro sumario abierto por razón de la infiltración partidista en instalaciones militares fue la Causa 19/1932 instruida a varios suboficiales y cabos del Regimiento de Infantería núm. 9, de Sevilla por reuniones tendentes a favorecer los planteamientos políticos del partido que pretendían organizar y dirigir el excapitán Carlos Cuerda y José Antonio Balbontin^‍‍[11]. También fue usual la apertura de causas por la publicación de artículos en periódicos por parte de militares politizados. Así sucedió con el capitán Carlos Cuerda Gutiérrez por un artículo publicado el 3 de julio de 1931 en el periódico La Voz del Pueblo, titulado «La marcha sobre Amate»^‍‍[12].

Mientras tanto, muchos militares siguieron alterando el ambiente político con declaraciones fuera de tono, tanto en prensa como en todo tipo de reuniones. Así, a modo de ejemplo, el 6 de octubre de 1932, en una fiesta celebrada en el Casino de Clases de Tetuán a la que asistía el alto comisario, el civil López Ferrer, un brigada, Esteban Carrillo Blas, interrumpió varias veces los discursos que pronunciaban las autoridades, requiriendo que en el acto hablara también el teniente coronel López Bravo, militar al mando del Batallón de Cazadores de Ceriñola, que era definido por el organizador del incidente como «el teniente coronel del pueblo»^‍‍[13].

A pesar de no ser un gobierno de derechas, desde un primer momento preocupó a los encargados del Ministerio de la Guerra, y a otras autoridades, la integración de oficiales en la masonería. El aumento de afiliaciones de militares en estas sociedades dio lugar a que se tomaran medidas a los efectos de poder conocer el grado de infiltración en la estructura del Ejército. Con motivo de esta creciente preocupación, en Marruecos, el alto comisario López Ferrer ordenó que se vigilaran las logias ante la notable captación de oficiales del Protectorado.

Fuera de las razones corporativas, no se puede negar que buena parte de los militares conservadores se vieron influidos en su deriva antirrepublicana por cuestiones como el anticlericalismo, la integridad territorial y el orden público^‍‍[14], destacando en este último aspecto los sucesos de Castilblanco y Arnedo, ocurridos en diciembre de 1931 y enero de 1932. Aquellos hechos tuvieron importantes consecuencias. El Parlamento y la prensa se dividieron entre detractores y defensores de la actuación de la Guardia Civil. El 2 de enero, el diario Mundo Obrero acusaba al partido socialista de permitir, desde el Gobierno, la intervención de la Guardia Civil y le culpaba de ser responsable de la represión generada; el 5 hubo un amplio debate en el Congreso^‍‍[15].

La principal consecuencia de los sucesos será el inicio de una campaña de descrédito dirigida contra la Guardia Civil y su director general que culminará con la destitución del general Sanjurjo como máximo responsable del Instituto. El 8 de enero el periódico Solidaridad Obrera AIT publicaba una caricatura, con el título de «El alma de España», en la que se veía un siniestro guardia civil, casi un esqueleto, que más que tranquilidad generaba terror^‍‍[16]. La crispación subió de tono cuando el Gobierno, aceptando la propuesta de uno de los más recalcitrantes militares extremistas, el ya mencionado capitán Salvador Sendiles, mandó representantes al entierro de las víctimas de Arnedo, gesto que fue entendido por parte de los defensores del benemérito cuerpo como una declaración tácita de culpabilidad. También el general Sanjurjo contribuyó a esta escalada de tensión al remitir una carta a la diputada socialista por Badajoz, Margarita Nelken, en la que la acusaba de soliviantar a los campesinos extremeños, incitándolos a actuar con violencia contra la Guardia Civil y de ser, en parte, la responsable de los sucesos de Castilblanco^‍‍[17].

En esos días, el Ejecutivo adoptó otra serie de decisiones que provocaron fuerte malestar entre la población más conservadora: la disolución de la Compañía de Jesús, la discusión de la Ley de Bases para la Reforma Agraria, el proyecto de estatuto de autogobierno para Cataluña. En aquellos meses, desde la prensa de derechas se comenzó una campaña en la que se denunciaban las intenciones del Ejecutivo de liquidar a la Guardia Civil y la «trituración del Ejército».

En este maremágnum de acontecimientos, en un conflicto cada vez más vivo con la prensa escrita, comenzó la conspiración que derivaría en la sublevación militar del 10 de agosto de 1932. El 27 de junio tuvo lugar en el campamento militar de Carabanchel un acto de confraternización entre los distintos cuerpos de la guarnición y los cadetes de las academias. Reunión que acabó con un grave enfrentamiento entre el general Manuel Goded, implicado en la conspiración, y el republicano teniente coronel Mangada, que fue resuelto por el ministro Azaña con el cese de una serie de generales^‍‍[18].

El 30 de julio, ya cuajada la conspiración militar en ciernes, los ánimos castrenses volvieron a ser calentados cuando el diario El Socialista, propiedad del Partido Socialista, partido de la coalición de gobierno, en su número 7326, publicaba en la última plana un artículo irónico bajo el título de «Psiquiatría Militar» en el que se ironizaba sobre la paternidad de los hijos de los militares^‍‍[19].

Lo cierto es que el movimiento fracasó. Los generales implicados pensaban que con levantar algunas unidades y con su propio prestigio, el resto de las fuerzas acabarían secundando la acción, pero no fue así. Esta actitud pasiva de las bases permite hacer hoy algunas valoraciones. En primer lugar, la acción del 10 de agosto fue concebida como un pronunciamiento, como un levantamiento de unos generales de peso en busca del apoyo de sus compañeros de armas. Por otro lado, la acción no pretendía ser violenta en su ejecución, ni buscaba el terror como mecanismo de control de la población. Aunque hubo fallecidos aquella noche en Madrid, estos se produjeron más por la reacción armada de las fuerzas leales al Gobierno que por el ejercicio de la fuerza por los sublevados. Por último, quedaba claro que las bases de la oficialidad no sentían como suyas las razones y causas que determinaron la sublevación.

Pero si las razones aludidas hasta este momento no habían conseguido movilizar a la gran masa de oficiales españoles contra un Gobierno legítimamente constituido, las decisiones tomadas por este Gobierno contra sus compañeros detenidos sí fueron un factor esencial para entender el progresivo proceso de pérdida de valores republicanos de algunos cuadros militares.

Como era de prever, y como era legítimo, tras el fracaso de la sublevación militar del 10 de agosto el Estado comenzó a movilizar todos los mecanismos que la ley le proveía para la represión y el castigo de los implicados en la conjura. Se abrieron los correspondientes procedimientos judiciales contra las guarniciones intervinientes, se arrestó y privó de libertad a los cuadros de oficiales de las unidades que habían participado en los hechos, se procesó a los militares en situación de reserva que habían mostrado su apoyo material en aquella rebelión^‍‍[20]. El 15 de agosto de 1932, el Diario Oficial del Ministerio de la Guerra publicaba una extensa lista de 122 nuevos jefes y oficiales destinados de manera urgente a la guarnición de Sevilla. Este destino en masa de oficiales solo se puede entender por la detención, arresto y cese en sus anteriores titulares^‍‍[21].

Rápidamente se tomaron medidas ejemplarizantes. Por consejo de guerra celebrado el 24 de agosto se condenó a muerte al general Sanjurjo; al general García de a Herrán a treinta años de reclusión; al teniente coronel Esteban Infantes a doce años y un día, siendo absuelto el capitán, e hijo del general, Justo Sanjurjo^‍‍[22]. Posteriormente, Sanjurjo fue indultado por el Gobierno y encarcelado en la prisión cántabra de El Dueso.

El problema no estuvo en aquellas medidas judiciales, sino en la represión del resto de intervinientes. El deseo del Gobierno de la nación de corregir con la necesaria inmediación a los responsables de aquellos hechos provocó que se cometieran ciertas injusticias. Se castigó a plantillas de unidades completas, sin reparar en que algunos de sus miembros no se habían alzado, no se encontraban en la plaza por estar de vacaciones o estaban enfermos. Se cesó en el destino, se multó y se privó de residencias militares de modo masivo, sin contrastar la participación de los afectados. Se deportó al Sáhara a unos ciento cincuenta implicados que entendieron su desplazamiento como un castigo infamante, más aún cuando sustituían en Villa Cisneros a anarquistas que habían intervenido en los sucesos del Alto Llobregat, en enero de 1932. Aun cuando el Gobierno de la nación fuera indulgente con los condenados, el indulto del general Sanjurjo así lo acredita, desde el mismo día de las detenciones de los implicados comenzó una campaña en la prensa en la que se denunciaban los malos tratos dispensado a los presos^‍‍[23].

Los errores en los castigos de los implicados llegaron a ser tales que incluso oficiales de absoluta fidelidad republicana tuvieron que informar a sus superiores de lo que estaba ocurriendo. En este sentido destaca una carta dirigida al general Luis Castelló Pantoja por uno de sus subordinados, el general Miguel Núñez del Prado y Subiela, jefe de la Segunda División Orgánica^‍‍[24]. El 8 de diciembre de 1932, el general de la División Leopoldo López Trigo emitió un informe al jefe del Gabinete Militar del ministro de la Guerra, Juan Hernández Sarabia, en el que se quejaba en el mismo sentido^‍‍[25].

Todo este proceso provocó un estado de opinión dentro de los cuarteles que dio lugar a una corriente asociacionista corporativa en defensa de los intereses de la institución y como rechazo de la política del Gobierno. Es el origen de la U.M.E. (Unión Militar Española), que aumentaba sus bases a causa del descontento creciente de la población militar, especialmente entre los oficiales más jóvenes^‍‍[26]. Pues si la sublevación del 10 de agosto de 1932 fue una revuelta de oficiales de alta graduación que esperaban la respuesta obediente de los cuadros más jóvenes, lo ocurrido el 18 de julio de 1936 fue el alzamiento de cuadros jóvenes impulsado por la dirección de algunos mandos de alta graduación.

En sus orígenes la U.M.E. se mantenía dentro de las quejas corporativas, sin asumir criterios ideológicos concretos y sin intervenir en el debate político. Lo que interesaba eran el Ejército y la defensa de valores, aunque poco a poco todo fue derivando hacia un patente antirrepublicanismo, hacia una politización y radicalización de sus ideales, el fomento de las asambleas y reuniones no autorizadas y el ejercicio de la violencia y la acción directa, hasta esos momentos mecanismos exclusivos de las organizaciones clandestinas de extrema izquierda. Este proceso de politización de los mensajes y proclamas de la U.M.E. se vio acrecentado tras la revolución de octubre de 1934 y provocó que entrara en contacto con partidos de la derecha subversiva (alfonsinos, tradicionalistas, Falange)^‍‍[27].

Como reacción a la U.M.E. surgieron dentro de la institución castrense movimientos clandestinos de ideología republicana, que empleaban los mismos modos de difusión y respuesta que sus compañeros de derecha^‍‍[28]. Estas organizaciones acabaron concentrándose en la U.M.R.A (Unión Militar Republicana Antifascista), en la que también se integraron militares jóvenes de escasa graduación.

Todo este proceso se fragua y consolida entre el final del bienio social-azañista y la formación del primer Gobierno conservador. La llegada al poder de las derechas tras las elecciones de noviembre de 1933 no calmó los ánimos de los «cachorros» de los oficiales. Hasta tal punto llegó a ser conocido el proceso de politización de las bases militares que el ministro de la Guerra, Diego Hidalgo, procedió, mediante un decreto de 19 de julio de 1934, a prohibir la pertenencia de los militares en activo a centros, partidos, agrupaciones o sociedades que revistieran carácter político, ni a ninguna entidad de carácter sindical o societario. La intención del ministro Hidalgo de zanjar la creciente tensión ideológica de la oficialidad provocó que lo que hasta esos momentos eran expresiones más o menos abiertas de sus opiniones derivaran hacia el oscurantismo y la clandestinidad, y con ello a un desarrollo más activo de la U.M.E. y la U.M.R.A.

El paso clave de esta pérdida de valores republicanos fue la revolución de octubre de 1934, donde las izquierdas, no solo las extraparlamentarias, sino también las parlamentarias, intentaron terminar por la fuerza con el Gobierno de derechas legítimamente constituido^‍‍[29]. Para someter aquel foco revolucionario, el Ejecutivo ordenó al Ejército liquidar la revuelta asturiana, del mismo modo que fue el Ejército el que recondujo la situación en Barcelona, y con ello en toda Cataluña. Fue el propio ministro de la Guerra, Diego Hidalgo, del Partido Republicano Radical, quien, tras unas primeras dudas iniciales, comenzó a tomar decisiones de importancia. Relegó al general en jefe del Estado Mayor, Carlos Masquelet, del que se desconfiaba por su notoria amistad con Manuel Azaña, de todas las decisiones de mando, trayéndose al general Franco como asesor.

Pero de igual modo con lo ocurrido en los sucesos del 10 de agosto de 1932, no fueron los hechos de octubre de 1934 los que determinarían el gradual proceso de pérdidas de valores republicanos de la población militar. Fue la respuesta del Gobierno de la nación, en este caso uno de derecha, la que determinó lo que ya podemos entender como «rabia dentro de los cuarteles». La resolución que el Ejecutivo dio a la cuestión de los detenidos, juzgados y condenados por la fracasada revolución, en especial el caso del diputado González Peña, es factor esencial en el divorcio de mentalidades existente con la oficialidad radicalizada y no fue bien entendida por parte de la oficialidad neutra.

De esta manera, el indulto de los más significados activistas crispó a los que, de uno u otro modo, habían ayudado a mantener el régimen constitucional vigente y a los que se sostenían en el mismo con escasos lazos de compromiso. Buena parte de los militares que estuvieron de acuerdo con el indulto acordado por el Gobierno después del golpe de Sanjurjo ahora no entendían cómo se procedía de la misma forma contra los agresores del sistema. No entendieron la campaña de descrédito a la que fueron sometidos por los periódicos de ideología izquierdista por cumplir órdenes del Ejecutivo en la represión de los alzados en armas; no entendían por qué eran criticados por defender la República y un Gobierno legítimamente constituido; no entendieron las decisiones de ese mismo Gobierno de ejercer una política de mano blanda en la represión de los culpables y de los grupos políticos que habían impulsado la revolución, y, sobre todo, no entendieron que fuera un Gobierno conservador el que «minara la defensa del régimen que la corporación militar había efectuado». En la percepción de muchos de aquellos militares, no se llegó a entender cómo el régimen era incapaz de defenderse a sí mismo de los ataques que nacían del propio régimen. La República, a los ojos de estos oficiales, quedaba viciada, tanto porque las izquierdas habían promovido una acción radicalmente ilegal como porque las derechas eran incapaces de hacer cumplir las resoluciones adoptadas por los órganos judiciales del propio Estado.

Este planteamiento facilitó otro proceso, el de aproximación a ideales totalitarios de los militares, especialmente de los más jóvenes. No se puede olvidar que en aquellas fechas triunfaban en Europa los regímenes totalitarios de ideologías comunistas y fascistas. La Unión Soviética, por medio del Comintern, y los fascistas italianos y nacionalsocialistas alemanes proyectaban hacia el exterior el progreso de sus sociedades y la existencia de otras formas de gobierno distintas de las democráticas. Poco a poco, en el centro de Europa fueron apareciendo distintos Gobiernos con planteamientos políticos autoritarios. De este modo, el intento democratizador de la Segunda República española navegaba a contracorriente en la realidad política que imperaba en los países de nuestro entorno. Desgraciadamente, en aquellos días todavía no se había descubierto la barbarie que escondía este tipo de ideologías extremistas, que no se delataría hasta el final de la Segunda Guerra Mundial.

Pero este proceso de radicalización política tuvo otra consecuencia importante: la quiebra de la unidad de la institución y el enfrentamiento entre compañeros. Esta crisis institucional determinó un aumento en la desconfianza entre miembros del Ejército hasta el punto de sospechar los unos de los otros. Todos se vigilaban, todos guardaban silencio ante los integrantes de la unidad con los que no tenían una íntima relación, pero todos intentaban intuir cómo respiraba políticamente el de enfrente. Los indicios que denunciaban el posicionamiento ideológico eran diversos: los periódicos que leían^‍‍[30], la religiosidad o no de los mismos, las amistades que frecuentaban. Por vigilarse, se vigilaban hasta en las tertulias de casino y en las reuniones en tabernas.

La alta tensión política posterior a la revolución de octubre de 1934, producto de la falta de entendimiento de los diferentes partidos, fue un perfecto caldo de cultivo para que en los cuarteles apareciera un aluvión de proclamas en las que ya se advertía un proceso evidente y cada vez más intenso: parte de la oficialidad y de la suboficialidad en activo comenzaba a divorciarse de los frágiles lazos que la unían con la República, buscando nuevas soluciones fuera del sistema y de los principios democráticos, mientras que otra parte lo hacía hacia un izquierdismo extremo. Es en esta fecha cuando los documentos que emite la U.M.E. comienzan a ser verdaderamente beligerantes contra el sistema, cuando dejan de ser corporativos para incidir directamente en el ambiente político que invadía el país^‍‍[31].

De esta creciente radicalización y clandestinización de las estructuras castrenses tuvo conocimiento el Ministerio de la Guerra. En enero de 1935, y según el general Riquelme, en Madrid se hablaba de movimientos militares contra una República gobernada por una coalición de centro-derecha. Los rumores anunciaban un golpe de fuerza por disgusto de parte de la oficialidad ante la solución dada a los detenidos y condenados de la revolución de octubre. El propio Indalecio Prieto reflexionaba al respecto: «La rebelión de octubre de 1934 […] sirvió para hacer más profundo el abismo político que vivía España»^‍‍[32]. Muchos militares comenzaron a creer que mientras los principales revolucionarios quedaban poco a poco libres o se convertían en las víctimas, sus esfuerzos por cumplir las órdenes del Gobierno legítimamente constituido se habían vuelto contra ellos, al ser acusados de todo tipo de actuaciones inhumanas en la represión de los culpables.

II. SIN VUELTA ATRÁS[Subir]

Es 1935 el año del desengaño y de la fractura de la institución. La creciente politización de las bases militares provocó la quiebra de la corporación entre dos «amplias» minorías beligerantes, radicalizadas tanto por la izquierda como por la derecha, y una mayoría pasiva y silenciosa que veía cómo la institución castrense derivaba hacia enfrentamientos internos. Para explicar de una manera más concreta este proceso vamos a prestar especial atención a los hechos ocurridos en dos regiones militares, en la Segunda División Orgánica (Andalucía) y en Marruecos, en un intento por fijar con mayor precisión el disgusto militar existente.

El 14 de febrero de 1935 fue nombrado general jefe de la Segunda División Orgánica, en sustitución del general Miguel Núñez de Prado y Susbielas, el fiel republicano general José Riquelme y López Bago. Aunque había sido designado por un Gobierno de derechas, venía aleccionado contra la creciente implantación en esta región militar de la U.M.E., asumiendo como principal misión la eliminación en la región de la asociación y el castigo de sus integrantes. De todos modos, el mandato de Riquelme estuvo marcado por una serie de acontecimientos que demostraron muy a las claras la radicalización de sus subordinados y la desconfianza que se fue apoderando de una institución que debía caracterizarse por el apoliticismo y el espíritu de unión.

El primer sobresalto de su mando lo tuvo el 23 de marzo, cuando fue informado de la llegada al puerto de Gibraltar del general Sanjurjo, quien en esos momentos se encontraba exiliado en Portugal. Sus enlaces también le refirieron la recepción y agasajos que había tenido el general por parte de algunos militares destinados en la zona. Estos militares fueron sancionados^‍‍[33].

En Sevilla, Riquelme se sirvió de una red de confidentes que le informaban del estado de la guarnición, entre los que se encontraban los comandantes Loureiro Selles y Viqueira Fullós, el capitán Delgado García de la Torre o el teniente Justo Pérez Fernández, muchos de ellos masones, como el propio general. Por ellos supo el estado de opinión de las unidades sevillanas y quiénes eran los militares que parecían integrar la U.M.E. andaluza. Pero no solo estos militares ejercían funciones de vigilancia e información en la capital del bajo Guadalquivir. Los integrantes de la U.M.E hacían lo propio con sus compañeros de izquierdas e incluso con el propio general. Sabían que los oficiales de contrastada fe republicana se reunían en tertulias y tabernas cercanas al Hotel Cristina, cerca de la Torre del Oro. A estas tertulias acudían, además de los comandantes Loureiro y Viqueira, los tenientes coroneles Contreras, Romero Basart y del Rosal, los comandantes León López y Serrano, los capitanes Monigaro y Delgado García de la Torre y el teniente Justo Pérez. A estas reuniones asistían dirigentes comunistas y sindicales y miembros de logias masónicas. En Marruecos sucedió algo parecido. En Melilla eran conocidos como centros de reuniones de militares y dirigentes políticos de izquierdas el café La Peña^‍‍[34]o los bares La Marquesina y Málaga^‍‍[35]. También en el resto de regiones militares tuvieron lugar similares hechos. Así sucedió en La Coruña. Triunfante la sublevación de julio de 1936, fue denunciado por los alzados, como delator, el general Caridad Pita. Sus subordinados le acusaron de vigilar las unidades y de informar al gobernador civil de las reuniones que estaban teniendo lugar^‍‍[36].

Abril siguió siendo un mes de crispación y provocaciones mutuas entre estos sectores militares cada vez más distanciados; un mes en el que tuvieron lugar una serie de sucesos que, por desconocidos, no dejan de tener gravedad e importancia. Los hechos ocurrieron en Sevilla la noche del 2 al 3 de aquel mes, cuando el general Riquelme fue informado de que en Madrid se estaba produciendo un movimiento militar. Sin contrastar debidamente los datos que le habían sido facilitados, Riquelme acudió a su camarilla, especialmente el comandante Loureiro, en el Regimiento de Artillería, y Viqueira, en el de Caballería, para que, sin informar a sus mandos superiores, pusieran en vigilancia las unidades y se le informara de cualquier movimiento que pudiera haber en ellas. Al conocer los mandos de las distintas unidades esta decisión, se quejaron al ministerio, más aún cuando en Madrid en aquellos días no había pasado nada^‍‍[37].

Este error del general, que demostraba que usaba conductos no institucionalizados y se inclinaba a favor de lo que se consideraba una de las facciones militares existentes en la región, sirvió para que los militares de derechas denunciaran a la superioridad, no solo la indebida orden emitida por el general sino también «todo tipo de inmoralidades» en su conducta y en la de su ayudante, el teniente coronel Del Rosal^‍‍[38]. De ellos se dijo que convivían en edificios militares con señoras que no eran sus esposas y que participaban de la vida sevillana, palcos de Semana Santa y feria con dichas señoras, y que cooperaban con los partidos de izquierdas y organizaciones masónicas hispalenses.

Los incidentes entre las distintas facciones de la guarnición siguieron. Militares de izquierdas denunciaron al general que el 26 de abril, en plena feria, en la caseta del Arma de Artillería, se habían recitado unos poemas contra la República. La investigación posterior acreditó la falsedad de la denuncia.

Como era de prever, el mando del general Riquelme duró poco, y fueron las tensiones existentes en la plaza, especialmente su intervención en los hechos del 2 y 3 de marzo, las que aceleraron su caída. Pero antes de causar baja aún tuvo que lidiar con nuevos altercados. En el mes de abril el jefe de la base de Tablada, el comandante Luis Romero Basart, denunció a su superior el comportamiento de tres de sus oficiales, los capitanes Alfonso Carrillo Durán, jefe del Detall; Modesto Aguilera Morente y Carlos Soler Madrid. Los dos primeros eran miembros de la Falange local y destacados conspiradores en los días previos al alzamiento del 18 de Julio. Los motivos de la queja del jefe de la base fueron unas presuntas irregularidades administrativas y de funcionamiento de los servicios del aeródromo y el Parque Regional Sur, pero que llevaba implícita las pugnas políticas que infestaban a todas las unidades de plaza. Como quiera que tras las oportunas investigaciones los hechos no fueran como los señalaba el «íntimo de Ramón Franco», se intentó cerrar el procedimiento sin responsabilidad. La reacción de Romero Basart fue la de no acatar dicha resolución, llegando las quejas al ministerio, que procedió a sancionar al aviador. Fue en aquellos días cuando también llegó el cese del general^‍‍[39].

El sustituto de Riquelme fue el general José Fernández de Villa-Abrille Calivara. Su incorporación a la División tuvo lugar en mayo de 1935, y aunque acudía con espíritu más dialogante, esta actitud en nada mejoró la más que crispada situación militar que se vivía en la capital andaluza, sobre todo tras la celebración de las elecciones de febrero de 1936. También, desde finales de 1935 los partidos de extrema derecha, tradicionalistas, monárquicos y falangistas comenzaban un proceso de militarización evidente que no denotaban buenos augurios.

En estas mismas fechas se seguía conspirando, a la antigua usanza, por parte de generales que querían la vuelta del régimen monárquico alfonsino. Las complejas elecciones de febrero de 1936 dieron lugar a un intento de golpe de fuerza impulsado por Gil Robles, con apoyo de militares, para que se declarara el estado de guerra y se anularan los comicios. El 8 de marzo se reunían en el domicilio del político cedista José Delgado y Hernández de Tejada los generales Franco Mola, Orgaz, Fanjul, Kindelán, Ponte, Villegas, Saliquet, Rodríguez del Barrio, García de la Herrán y González Carrasco; «las otras dos piezas claves del futuro alzamiento, Queipo de Llano y Miguel Cabanellas todavía no habían sido contactados»^‍‍[40]. Como resultado de aquella cita destacó el compromiso de organizar un complot bajo la jefatura del exiliado Sanjurjo y la coordinación de Rodríguez del Barrio «para evitar la ruina y desmembramiento de la patria», un movimiento «exclusivamente por España, sin ninguna etiqueta determinada»^‍‍[41], pero esta junta fue prontamente desarticulada. Parecía que el Gobierno controlaba la situación —Franco en Canarias desde el 11 de marzo, Goded, hacía tiempo en Mallorca y Mola en Pamplona—, pero el distanciamiento de los generales no interrumpió los pasos que en cada momento estaban dando los conspiradores. Antes de marchar a su destino Franco se entrevistó con Manuel Azaña y Niceto Alcalá Zamora advirtiendo del malestar dentro de la institución militar.

Con la llegada del Frente Popular al poder el espíritu de crispación existente se desbordó, especialmente tras decidir el nuevo Gobierno la apertura de actuaciones judiciales o el cese de los destinos de los militares que intervinieron en las operaciones de sometimiento de la revolución de octubre de 1934. Militares que habían participado en aquellas operaciones fueron denunciados, sancionados o simplemente cesados. Como muestra de esta «represión», muchas veces soterrada, cabe indicar el cese en Madrid como jefe de Estado Mayor Central del general Franco, el procesamiento del general López Ochoa^‍‍[42] y la deposición del general Batet de su destino de jefe del Cuarto Militar del presidente de la República y su sometimiento a una campaña de desprestigio desde el nacionalismo catalán^‍‍[43].

De inmediato el nuevo titular del Ministerio de la Guerra, José Giral, procedió a una política de cambios de los principales mandos de las unidades militares. Algunos en búsqueda de un mayor sometimiento y disciplina de sus subordinados, pero en otros casos, por presión de círculos políticos de izquierdas, o simplemente por mera desconfianza. Como señala Mustapha El Merroun poco después de ocupar la cartera de Guerra el general Masquelet, la U.M.R.A. de Melilla hizo llegar al ministerio un informe acerca de la actividad subversiva en Marruecos, proponiendo la baja fulminante de los principales jefes de cuerpo comprometidos^‍‍[44]. El historiador Carlos Seco Serrano, sobre este mismo tema, ha señalado:

En dicho documento se solicitaba el cese de la mayoría de los jefes de la Plaza de Melilla. No fue el único caso: en Cádiz consta la solicitud por miembros del Frente Popular del cese de una serie de oficiales de la Armada, Infantería de Marina y de la Guardia Civil^‍‍[46]. También en esta provincia el cese del coronel Martín Pinillos, jefe del Regimiento Pavía núm. 7, se debió a las presiones del Frente Popular de Algeciras^‍‍[47]. Para hacer efectiva esta política se emplearon dos decretos, de 26 de marzo y de 9 junio de 1936, que permitían al ministro adjudicar a su arbitrio los puestos vacantes y dejar disponible forzoso a aquellos oficiales que se considerara necesario.

En Sevilla cambiaron todos los mandos de regimiento (coroneles) o batallón (tenientes coroneles) salvo el coronel Mateo, jefe del Regimiento de Caballería. Las sustituciones continuaron posteriormente en toda la región militar incluso en destinos de mucha menor importancia. En Marruecos lo fueron tanto el jefe de las fuerzas militares como los jefes de las dos circunscripciones. También un buen número de jefes de unidades. Esta política de personal generó nuevos argumentos por quienes ya no creían en el sistema, hasta el punto de que los incidentes se multiplicaron, pues muchos consideraron que más que cambios por confianza lo que se estaba produciendo era una sanción no declarada a los oficiales sustituidos. La sensación de disgusto por este tipo de medidas sin justificación aparente se puede apreciar en el discurso que el coronel Blanco Horrillo efectuó días después de asumir la jefatura del 17 Tercio de la Guardia Civil, en Sevilla. Conocedor del malestar que habían provocado los últimos traslados de jefes y oficiales por ser considerados desde la Inspección del cuerpo como «desafectos al régimen», a sus subordinados indicó «la necesidad de acatar con disciplina las disposiciones del Inspector». Ese mismo día el comandante Garrigós se entrevistó con su coronel, al que conocía por haber servido a sus órdenes en Huelva, indicando Blanco que «no podía aprobar el sistema que estaba siguiendo la Inspección de la Guardia Civil y que estaba tan indignado como los demás Jefes y Oficiales de que se estuvieran cometiendo innumerables injusticias»^‍‍[48], a la par que le manifestaba que existía un proyecto, que se encontraba para la firma en la mesa del Ministro de la Gobernación, para la disolución del cuerpo si no se acataban las órdenes de Inspección. Lo cierto es que todavía en julio se estaba cambiando a oficiales de la Guardia Civil de sus destinos anteriores.

No es objeto de este trabajo estudiar la conspiración militar que tuvo lugar durante los días en los que estuvo en el poder el Gobierno del Frente Popular, sino analizar las causas que pudieron impulsar a muchos militares no incorporados a la conjura a inclinarse el 17-‍18 de julio en favor de ella. En aquellos días el ambiente militar estaba cargado, tan cargado como que la simple llegada a sus destinos de los mandos recién nombrados era causa de disgusto en buena parte de los miembros de las guarniciones afectadas, hasta el punto de condicionar a estos militares contra sus mandos superiores, a los que consideraban adictos al nuevo Gobierno frentepopulista.

III. INCIDENTES EN MARRUECOS Y ANDALUCÍA[Subir]

En Marruecos fueron constantes los incidentes que afectaron al nuevo jefe de las fuerzas militares, el general Gómez Morato, y a los jefes de circunscripciones, los generales Capaz y Romerales, denotando un estado de ánimo cada vez más radicalizado.

La toma de posesión, en marzo, del general Gómez Morato estuvo llena de tensiones, tanto en su desembarco en Ceuta como en la primera audiencia a sus mandos, en Tetuán. En la reunión el general indicó a sus subordinados, en un discurso caracterizado por la dureza y contundencia de sus palabras, que la verdadera y única realidad era la del Gobierno de referencia, llegando, según manifestaciones de algunos oficiales allí presentes, a amenazar enérgicamente con severísimas sanciones a quienes se salieran de la disciplina por él impuesta^‍‍[49].

El 14 de abril, con motivo de la celebración del quinto aniversario de la proclamación de la República, en toda España se produjeron altercados en el curso de los desfiles militares organizados. Al paso de las tropas se profirieron gritos contra el Ejército. Entre todos los disturbios el de mayor intensidad fue el que tuvo lugar en la capital de España. Durante el desfile estalló un petardo tras la tribuna presidencial que generó una fuerte alarma. Posteriormente, resultó muerto por un disparo el alférez de la Guardia Civil Antonio de los Reyes. El ambiente se caldeó aún más al día siguiente, cuando la comitiva, encabezada por políticos de derechas, fue atacada. A consecuencia de los disparos resultó muerto José Sáenz de Heredia, mientras que el joven tradicionalista Luis Llagudo fue gravemente herido por el teniente Castillo, jefe de la Guardia de Asalto que pretendía disolver la comitiva en la plaza de Manuel Becerra^‍‍[50].

Ese mismo mes el general Capaz se vio obligado a pedir la salida de Riffien de las banderas de la Legión, «por la efervescencia que se notaba en la población civil del Frente Popular de Ceuta para provocar incidentes»^‍‍[51]. Con los ánimos crispados, en Melilla el 19 de abril el general Romerales ordenó el cierre del Casino Militar, tras un enfrentamiento entre jóvenes de izquierdas y oficiales por provocaciones mutuas. Los hechos se iniciaron, según señalaban algunos oficiales, cuando jóvenes simpatizantes del Frente Popular comenzaron a insultar al Ejército. Ante el incidente, el general Romerales convocó a los jefes de unidades. En la reunión, como señaló uno de los presentes, el teniente coronel Fernando Barrón Ortiz, el general ordenó a sus subordinados que informaran a sus oficiales

Cinco días después, el 24 de abril, el teniente coronel Heli Tella, tras la inauguración de unas casas baratas en Melilla, lamentó fuera de todo protocolo lo que, según él, era una campaña contra el honor del tercio que se estaba produciendo desde la izquierda política^‍‍[53]. Ante el temor de ser castigado por su actitud, se refugió en la zona francesa. El 1 de mayo, la lectura de un manifiesto comunista volvió a alterar la sensibilidad de los militares más suspicaces de la guarnición melillense; el 10 de mayo tuvieron lugar incidentes en La Hípica, el club militar de Melilla, cuando jóvenes de izquierdas entraron sin autorización e insultaron a los presentes en las instalaciones. Tanto el cierre del Casino Militar como los sucesos de La Hípica hay que vincularlos a otros incidentes que estaban sucediendo en la península y que demuestran la falta de entendimiento entre la población civil y la militar. El 15 de mayo de 1936, en la localidad madrileña de Alcalá de Henares hubo un fuerte enfrentamiento entre militares y simpatizantes socialistas que dio lugar a la retirada de los regimientos de caballería acuartelados en la ciudad. De continuo se denunciaban en la cabecera de la circunscripción reuniones clandestinas de militares de uno u otro signo, en imaginarias o reales tramas conspiratorias. También de continuo se presentaban ante el general quejas de sus subordinados por lo que entendían un estado de provocación de elementos pertenecientes al Frente Popular.

Con todo, los incidentes más graves, y que muestran la quiebra de la propia institución castrense de aquellos momentos y de la disciplina militar, tuvieron lugar la noche del 9 al 10 de junio. Por un lado, en el Batallón núm. 7, también en Melilla, hubo una reunión de cabos primeros ante el temor de que se estuvieran levantando unidades del tercio. Se sacaron las armas de los armeros sin autorización y se puso el edificio en defensa. Esa misma noche el capitán Virgilio Leret, jefe de la base de Hidros de El Atalayón y un ferviente defensor del Gobierno constituido, ordenó, sin autorización de su general, el traslado desde el parque de artillería a la base aérea de Nador de doscientas bombas de aviación, doscientas espoletas y doscientos cabos^‍‍[54]. Se emplazaron ametralladoras en diversas plataformas que cubrían su perímetro y se radió al aire, desde la emisora de las instalaciones, un extraño mensaje: «MLSN (Melilla sin Novedad)»^‍‍[55]. Con este tipo de actuaciones los militares defensores de la República solo consiguieron favorecer el ocultamiento de la trama derechista al generar la impresión de movimientos militares reaccionarios de izquierdas dentro de la plaza, que alarmaron tanto al general como al propio ministro, hasta el punto de creer que lo que se avecinaba era más bien una revuelta militar de ideología izquierdista que una sublevación por parte de fuerzas de las derechas^‍‍[56].

Pero si graves fueron los hechos africanos, la situación en otras regiones militares metropolitanas tampoco fue mejor. En Sevilla, cabecera de la Segunda División Orgánica, el general Villa Abrille tuvo que lidiar en aquellos días con la más que palpable reacción antigubernamental de muchos de sus subordinados, por lo que entendían un estado de constante provocación, no solo de los simpatizantes del Frente Popular, sino también de los representantes del Gobierno de la nación.

Desde febrero de 1936 se produjo de manera alarmante un aumento de las agresiones a las fuerzas del orden. Solo en las provincias andaluzas, y haciendo referencia a los incidentes con fuerzas de seguridad donde hubo víctimas, podemos contar veintitrés casos^‍‍[57]. Por mucho que algunos miembros de las fuerzas policiales se extralimitaran en el ejercicio de sus funciones, hay que reseñar que en esos momentos los agentes actuaban en cumplimiento de las órdenes impartidas por el Ministerio de Gobernación. También en estos días aumentó la conflictividad laboral en las instalaciones fabriles que el Ministerio de la Guerra disponía en la región militar.

La situación se crispaba cada vez más y el propio general sentía la presión que intentaban ejercer sobre él sus propios subordinados, que sin tapujos mostraban su oposición a la situación política reinante. Hay que indicar que la preparación de la conspiración y su ramificación por todas las unidades de la región militar estaba siendo dirigida por uno de los oficiales del Estado Mayor del general, el comandante Cuesta Monereo. Este militar no era el jefe del Estado Mayor, pero ejercía una tremenda influencia entre sus subordinados, los capitanes Manuel Gutiérrez Flores y Manuel Escribano Aguirre, y sobre oficiales de otras plazas como el capitán Jaime Puig Guardiola, en Cádiz, o los hermanos Rodríguez de Austria, en Córdoba. Él extendió la red de colaboradores en la conspiración por las distintas plazas con guarniciones militares; él planificó el modelo de ocupación de la ciudad de Sevilla; y fue, con el comandante Eduardo Álvarez Rementería, vinculado a la Falange, quien constituyó la célula de enlace con el general Queipo de Llano, desde que fue encargado de asumir la sublevación en Andalucía^‍‍[58]. Fue Cuesta el que recibió al general Queipo en sus breves viajes a Sevilla y quien preparó al general Villa-Abrille para recibirlo, cuando estos viajes no tenían el carácter de oficiales.

Todos los militares pertenecientes al grupo que dirigía Cuesta Monereo, hay que reseñarlo, estaban integrados o eran próximos a la U.M.E., y a él también pertenecía un buen número de militares que habían pasado a la reserva con ocasión del decreto del ministro Azaña de 25 de abril de 1931, y que ejercían funciones de enlace entre las distintas unidades y plazas. La facilidad de desplazamiento, al no estar sujeto a control oficial alguno, y su implantación en todas las provincias los convirtieron en elementos indispensables de esta conjura. Muchos de estos movimientos y las propias reuniones que estaban teniendo lugar en los despachos de los oficiales de Estado Mayor quedaron ocultas. Pero dentro de la División todos sabían lo que estaba pasando, incluso el propio general Villa-Abrille, que no tomó medidas disciplinarias.

Del mismo modo a como sucedió en Marruecos, el proceso de crispación de la guarnición fue creciente. En marzo el ambiente militar se enturbió al conocerse el procesamiento del general López Ochoa, por su participación en la represión de la revolución de octubre de 1934. El 1 de abril fue asesinado el soldado de la base de Tablada Manuel Giráldez Mora. Todo parecía indicar que los asesinos pertenecían a la extrema izquierda, a la vista de la ideología derechista del difunto. El entierro generó enfrentamiento en la División entre el general y sus subordinados, al intentar estos acudir de uniforme al acto y prohibirlo Villa-Abrille^‍‍[59]. Según Luis Romero, la víctima era un «afiliado al fascio», al que habían asesinado por «trabajar en el muelle como capataz» en lugar de su padre, quien se encontraba de vacaciones en Gibraltar con su mujer^‍‍[60].

Días después, el ambiente político nacional se enrareció de una manera considerable con la propuesta de destitución del presidente de la República, Niceto Alcalá Zamora. El 4 se presentaba a las Cortes, siendo aprobada el 7 de abril. El 9 ocupaba el cargo de presidente Diego Martínez Barrio.

Tampoco contribuyó a relajar la fuerte tensión que se palpaba en la institución castrense la actuación de las autoridades políticas, especialmente la de los gobernadores civiles. Fueron frecuentes las detenciones, cacheos en plena calle y otras provocaciones de oficiales por la Guardia de Seguridad y Asalto, cuyos mandos procedían del propio Ejército, sin que estuvieran basados en indicio alguno.

Uno de los casos que más crispación generó en el edificio de la Segunda División Orgánica sucedió en abril en Jerez de la Frontera, y tuvo como protagonista al teniente coronel Enrique Fernández Rodríguez de Arellano, comandante militar de la plaza. La orden fue impartida por el gobernador civil de Cádiz, el comandante de Artillería Mariano Zapico. La detención se produjo cuando el militar fue abordado por cuatro policías, en lo que él definió como un atropello y extralimitación de las funciones de los agentes^‍‍[61]. Tras unos momentos de confusión, el teniente coronel fue conducido a los calabozos de la comisaría de Jerez. Posteriormente pudo comunicar con la División Orgánica, donde se puso en contacto con el comandante Cuesta Monereo, al que le explicó su situación. La primera medida tomada por Cuesta fue ponerse en contacto con su compañero Mariano Zapico para conocer las razones que habían provocado la detención del militar. El gobernador le informó de que la orden se había dictado al recibirse informaciones que indicaban que aquella mañana se había producido una reunión entre el comandante militar de la plaza y un capitán de la Guardia Civil en la que como tema principal se trataron posibles acciones subversivas contra el Gobierno. De inmediato telefoneó al general Villa-Abrille. El propio Cuesta, al recordar estos hechos, señala que, tras llamarle el teniente coronel, se puso en contacto con el general de la División para decirle «que esto no podía consentirse». La respuesta de su jefe fue, «en fuerte tono excitado», que no era nadie para discutir una orden del gobernador civil, «y que cuando lo había hecho sus razones tendría, citándole a las 18.00 horas con el Jefe de Estado Mayor, sin duda para reprenderle»^‍‍[62].

Al presentarse a la hora indicada en el despacho de Villa-Abrille, este comentó al comandante, en un tono mucho más suave, que no podía manifestarse por teléfono en la forma que lo había hecho horas antes, pues ese medio de comunicación estaba intervenido. Que él defendía siempre a sus subordinados y que si el gobernador civil se había excedido, procedería contra él^‍‍[63].

A las 19:00 horas, tras una conversación de Villa-Abrille con el gobernador Mariano Zapico, Cuesta comunicó a comandante militar de Jerez el cambio de su situación, pero le remarcó que esta se producía bajo la condición y orden expresa de salir inmediatamente de la ciudad, pues en otro caso no se respondía de su vida^‍‍[64]. Hechos como el descrito demuestran la desconfianza existente entre las autoridades gubernativas, así como la obsesión por entender como subversiva cualquier reunión o tertulia en la que concurrieran militares.

En Granada, el 12 de junio, unas inoportunas declaraciones del jefe de la base de Armilla, el capitán de aviación Joaquín Pérez Martínez de Victoria, determinaron su detención por el gobernador civil, Ernesto Vega. También en este caso se supo en la cabecera de la División que por orden del gobernador se estaba vigilando a militares y los edificios militares. Para resolver el entuerto el Ministerio de la Guerra envió al propio general jefe de la Segunda División. Con ocasión de estos hechos, un hermano del capitán detenido, el capitán de Artillería retirado Mariano Pérez Martínez de la Victoria, llegó a agredir al gobernador en una ceremonia de entrega de premios a personal de Aviación Civil^‍‍[65].

Hubo muchas más detenciones, algunas por entender como reuniones conspiratorias lo que en verdad eran tertulias en las que los presentes mostraban sus quejas ante la situación creada. En Úbeda fue detenido el comandante Aníbal Voyer^‍‍[66]. El 10 de mayo corrieron igual suerte el teniente coronel Aramburu y su esposa, en Villamanrique, Sevilla^‍‍[67]. En Huelva lo fue el teniente de la Guardia Civil Ramón Jiménez Martínez^‍‍[68].

El gobernador civil de Sevilla en aquella época, José María Varela Rendueles, en sus propias memorias reconocía lo improcedentes de muchas de estas detenciones y registros: «Tuve que llamar la atención del Comandante y algún oficial por efectuar, personalmente en unos casos, y en otras ordenar a los guardias, cacheos de Jefes y Oficiales del Ejército, a sabiendas de que lo eran, cuando iban de paisano, Así no se amansan rebeldías, antes se forjan y se provocan»^‍‍[69].

Este tipo de actuaciones y el conocimiento en la División de que los cuarteles estaban siendo vigilados por agentes de policía, sin que hubieran sido advertidos de ello, generó un enfriamiento de las relaciones de las autoridades civiles y militares de Sevilla. En esta situación de mutua desconfianza se llegó al mes de julio. Los controles a los militares, los cacheos e incidentes continuaron sucediéndose. Por otro lado, los rumores de tramas conspiratorias cada vez sonaban con más fuerza. Los servicios de información, tanto de la Segunda División como del Gobierno Civil, remitían a sus respectivos titulares datos relativos a las inquietudes mostradas por una parte de la población militar.

También en Granada el gobernador civil usó a militares cercanos al Frente Popular para informarse de lo que sucedía dentro de los cuarteles. En esta ciudad se comenzó a elaborar una lista de oficiales destinados en la plaza, incluidos los de la Guardia Civil y de Seguridad y Asalto, en la que se valoraba políticamente al personal controlado. Este fichero, conocido por los sublevados como «la lista negra», fue localizado el 20 de julio por las fuerzas asaltantes en uno de los cajones de la mesa del despacho del gobernador^‍‍[70]. Pero esta no era la única lista confeccionada por organizaciones afines al Gobierno de Madrid. En un registro efectuado el 8 de agosto de 1936 en el domicilio del dirigente socialista de Granada Alejandro Otero aparecieron dos listados que identificaban y clasificaban a los oficiales del Regimiento de Infantería de la plaza. El segundo de estos documentos es un listado denominado «de personal peligroso que en momento dado puede y debe quedar disponible telegráficamente». Según indicaba el fiscal del Sumario 86/1936 Alejandro Otero era el jefe de los servicios de espionaje que se había montado para el control de los acuartelamientos^‍‍[71].

El 12 de julio fue asesinado cerca de su domicilio, en Madrid, el teniente José del Castillo, militar integrado en la U.M.R.A. No era el primer miembro de esta asociación en caer bajo las balas de militares de derechas. Al día siguiente sus compañeros de clandestinidad se comprometieron a que si se producían nuevas bajas entre sus miembros actuarían contra algún político de derechas de los que consideraban culpables de la situación. Aquel compromiso fue impreso y repartido por los cuarteles^‍‍[72].

El 13 de julio fue asesinado Calvo Sotelo. Aquel mismo día llegó la noticia a Sevilla. Quizás uno de los primeros en tener conocimiento de lo que estaba sucediendo fuera el gobernador civil, quien recibió la información del subsecretario de Gobernación, Osorio Tafall, luego ratificadas por el propio jefe de Gobierno, Casares Quiroga.

En Sevilla y en otras muchas ciudades se organizaron funerales en la memoria del político de derechas. El 14 de julio los organizadores designaron como lugar de la celebración la iglesia del Salvador. La misa tendría lugar al día siguiente. Pero confidencias llegadas al Gobierno Civil indicaron que elementos extremistas preparaban un atentado contra los asistentes a la ceremonia religiosa. Ante la gravedad de los hechos denunciados, el gobernador Varela se puso en comunicación con Villa-Abrille, al que requirió para que adoptara medidas pertinentes para que «nadie, perteneciente a la guarnición, pudiera hacer acto de presencia en la iglesia del Salvador en el día y horas señalados para celebrar los funerales». El jefe de la Segunda División Orgánica dictó las órdenes oportunas que retuvieron a los militares en los cuarteles. Por otro lado, y ante lo alarmante de las noticias, Varela también logró de los organizadores, miembros de Renovación Española, la suspensión del acto^‍‍[73].

Los funerales del Salvador se suspendieron, pero hubo otros en la ciudad de Sevilla. El 15 de julio en la catedral se celebró una ceremonia religiosa en memoria del jefe monárquico. A su salida un grupo de personas increpó a varios artilleros que de uniforme se encontraban esperando a un autobús. «Qué espera el Ejército», se oyó. Los oficiales que estaban allí presentes callaron, pero el comandante Martín de Oliva comentó: «No tardaremos en actuar». Subidos ya en el vehículo y en dirección a su acuartelamiento fueron detenidos en la avenida de la Palmera por una patrulla de la Guardia de Asalto que intentó, sin éxito, desarmar a los militares. Aquellos eran presagios evidentes de los enfrentamientos que tendrían lugar tres días después^‍‍[74].

Aquella misma noche Alfonso Van-Mook, teniente de Caballería y ayudante del coronel Santiago Mateo, fue detenido por guardias de asalto. Este suceso generó un nuevo enfrentamiento entre el gobernador civil, el general Villa-Abrille y el coronel Mateo^‍‍[75], curiosamente los dos detenidos por leales a la República el 18 de julio.

El mismo día 17 de julio, por la tarde, tras conocerse la sublevación africana, en el Casino de Clases tuvieron lugar fuertes discusiones entre los que estaban de acuerdo y en contra de la acción acometida por sus compañeros del protectorado. En las paredes del edificio, escritas con tiza se podía leer: «Camaradas, alertas al supuesto golpe militar»^‍‍[76].

IV. CONCLUSIONES[Subir]

Como en Marruecos y en Andalucía, espacio al que hemos dedicado especialmente entre trabajo, en el resto de regiones militares tuvieron lugar incidentes que demuestran un incremento de la tensión dentro de las unidades del Ejército y un proceso de creciente politización durante los meses de gobierno del Frente Popular. En aquellos días los ánimos estaban muy crispados; la fractura social tuvo su reflejo en la institución militar, que mantenía quiebras estructurales y corporativas desde mucho antes de que se instaurara la propia República, y por tanto del inicio de la Guerra Civil.

La falta de unidad dentro de la institución castrense nace en el siglo xix y se extiende hasta el final de la contienda fratricida. Durante la vigencia del régimen republicano estas quiebras se hicieron más evidentes con motivo de la creciente politización e ideologización de las bases profesionales. El desarrollo de organizaciones clandestinas no tuvo su origen con la llegada del Frente Popular al poder, sino que arranca del inicio del nuevo régimen y tienen su desarrollo a lo largo de toda la etapa republicana. Este proceso de proselitismo en los cuarteles no es una reacción contra el sistema por parte de los añorantes del régimen caído, sino que nace de una realidad política cada vez más radicalizada. No obstante, los acontecimientos que van a hormar el impulso antirrepublicano dentro de la institución militar serán tanto los sucesos del 10 de agosto de 1932 y la revolución de octubre de 1934 como las reacciones gubernamentales a dichos acontecimientos. Los militares más reaccionarios percibían la República como un régimen débil que no era capaz de defenderse a sí mismo. Antes de las elecciones de febrero de 1936 ya se había producido una fuerte desafectación dentro de los cuadros militares, especialmente entre los oficiales jóvenes que habían conseguido su título durante la vigencia de la República. Antes de aquellas elecciones ya habían fraguado los cimientos ideológicos en los que se basaron los militares alzados para provocar su caída, pero también, antes de la llegada al poder del Frente Popular, la unidad que debería regir en la institución castrense se había quebrado definitivamente. Los sucesos de los que se da cuenta en este trabajo, especialmente la llegada del general Riquelme a la Segunda División Orgánica en 1935, solo demuestran que dentro del Ejército existían facciones irreconciliables y que una parte de la oficialidad ya no creía en la República, aunque esta tuviera un Gobierno de centro-derecha.

Durante los meses de febrero a julio de 1936 tiene lugar una creciente radicalización de las estructuras clandestinas que ya existían, U.M.E y U.M.R.A, con un uso cada vez más abierto de la «acción directa» como forma de actuación de sus componentes. La conspiración de derechas se apoyó en muchos integrantes de la U.M.E. para extender y consolidar sus planes. Pero a la par que se iba fraguando esta conspiración, los militares radicales defensores del régimen republicano, especialmente los integrados en la U.M.R.A., tampoco contribuyeron ni a facilitar puntos de convergencia ni a ayudar a las autoridades políticas y militares a actuar contra las corrientes conspiradoras de la derecha subversiva. Toda la serie de hechos que se relatan de Marruecos y en Andalucía —la puesta en armas de unidades y bases aéreas sin la autorización del mando militar, las continuas protestas clandestinas de sus componentes, la crispación, las reuniones en bares, cafés, en tertulias o en domicilios, las consignas y la presencia en los cuarteles de pasquines y proclamas— solo sirvieron para facilitar la conspiración de derechas, al ocultar la misma detrás de lo que se entendía, incluso en el ministerio, como una revolución desde las izquierdas. La desconfianza había minado el necesario compañerismo que debía imperar en una institución como la militar. Todos desconfiaban de todos y todos se vigilaban. Los de derechas a los de izquierdas y estos a aquellos y, en medio, una mayoría silenciosa que callaba ante el temor de significarse y que veía cómo la corporación a la que pertenecían iba perdiendo sus valores y sus principios.

Tampoco las medidas tomadas por las autoridades políticas permitieron rebajar la presión que iba teniendo aquella caldera. Desde los gobiernos civiles, y ante los temores evidentes de un golpe contra el Gobierno de la nación, se procedió a vigilar los cuarteles y a los componentes de la institución. La lucha contra la involución era necesaria, pero se hizo sin el apoyo de los militares leales al propio régimen, de los mandos que debían ejercer sus competencias, lo cual crispó las relaciones institucionales entre las autoridades políticas y militares. Se detuvo a oficiales, a veces sin pruebas de su pertenencia a estructuras corporativas, simplemente por haber participado de tertulias o reuniones; se provocó a oficiales con sus cacheos e interrogatorios en plena calle, incluso cuando iban acompañados por sus familias; tampoco se actuó con prontitud y eficacia contra los provocadores de altercados contra componentes de la institución armada. En los frecuentes enfrentamientos que tuvieron lugar en aquellos días entre jóvenes frentepopulistas y oficiales del Ejército, estos siempre fueron sancionados por sus mandos, aquellos apenas eran reprendidos. Todo esto sucedió mientras que el Ministerio de la Guerra comenzaba una campaña de destituciones y cambios de destinos que afectó no solo a los mandos de las principales unidades militares, sino que degeneró en la sustitución de todo aquel del que se desconfiara su lealtad no a la República, sino al Gobierno constituido. Con todos estos ingredientes, era difícil calmar a la fiera surgida de la propia crisis de la institución militar, que se había convertido en muy peligrosa con el desarrollo del régimen republicano. El Frente Popular simplemente fue un acelerador de una realidad ya irreversible.