LA POLÍTICA EUROPEA DEL PCE (1972-‍1999): DEL VIRAJE EUROPEÍSTA AL EUROESCEPTICISMO^‍‍[1]

I. INTRODUCCIÓN[Subir]

Hasta comienzos de la década de 1970 la política europea del comunismo español se caracterizó por un rechazo del proceso integrador y una oposición de principio a la aproximación de España a las Comunidades Europeas^‍‍[2]. Ese planteamiento cambió significativamente desde el VIII Congreso del PCE celebrado en 1972, iniciándose oficialmente el viraje hacia una nueva política europea en la que se abogaba por un acuerdo de asociación con el Mercado Común que permitiera ir progresando en la cooperación con los países comunitarios a medida que las estructuras económicas del país lo permitiesen y siempre que existiese en España un régimen democrático^‍‍[3]. Dicho viraje abrió una etapa de creciente europeísmo pero también de una mayor radicalidad contra el atlantismo que alcanzó su punto culminante en el referéndum sobre la OTAN de 1986.

El Tratado de Adhesión a las Comunidades de 1985 tuvo el completo apoyo de un PCE muy debilitado política y electoralmente desde las elecciones de 1982, pero poco después ese europeísmo iba a ceder el paso, tras el acceso a la Secretaría General de Julio Anguita, a una actitud muy crítica hacia la integración europea desde posiciones euroescépticas^‍‍[4]. El liderazgo de Anguita supuso una relativa recuperación del comunismo español bajo las siglas de Izquierda Unida (IU), de la que también fue Anguita su máximo dirigente entre los años 1988 y 2000. Dichos años coincidieron con la aprobación y desarrollo del Tratado de la Unión Europea y con las políticas de convergencia destinadas a conseguir la incorporación de España a la Unión Monetaria en 1999. Durante este período se agudizaron las críticas al modelo de integración de Maastricht, lo que provocó fracturas internas que afectaron a IU y al propio partido y divergencias con Comisiones Obreras, el sindicato afín al PCE^‍‍[5].

En las páginas que siguen se aborda —con fuentes del Archivo Histórico del PCE (AHPCE), con documentación emanada de la propia organización comunista y con fuentes complementarias procedentes de otros organismos e instituciones^‍‍[6]— la evolución de la política europea del PCE desde los años de la transición democrática hasta el comienzo de la Unión Monetaria. El objetivo es analizar las adaptaciones y cambios de la trayectoria política del comunismo español relacionados con la integración europea partiendo del supuesto de que esta constituyó un factor condicionante de dicha trayectoria. Desde el punto de vista teórico y metodológico se plantea, pues, dicho análisis desde la perspectiva de la creciente europeización de la vida política española derivada del proceso integrador.

Es obvio que la propia incorporación de España a la Europa comunitaria supuso la necesaria toma de decisiones respecto al proceso integrador, convirtiendo la agenda europea en un elemento imprescindible de las distintas propuestas programáticas y electorales del PCE, tanto antes como después de la adhesión de España. Pero, además de ese elemento directo de europeización, la actitud del comunismo español ante la integración europea, interpretada en clave nacional, ha sido también un factor determinante para la definición y delimitación de su espacio político frente a otras fuerzas y ha podido coadyuvar por tanto al desarrollo de estrategias favorables o contrarias respecto al proceso integrador en función de la competencia política, de los posible réditos electorales y del estado de la opinión pública.

II. LAS RAZONES DEL VIRAJE: ¿ADAPTACIÓN O CAMBIO?[Subir]

Desde el VIII Congreso de 1972 el PCE desarrolló un discurso relativamente europeísta cuya motivación respondía a varios factores. Años atrás, el comunismo español preveía una inestabilidad, e incluso la descomposición, de la Comunidad Económica Europea (CEE) como consecuencia de las rivalidades «interimperialistas» que supuestamente habrían de producirse en su seno^‍‍[7]. Era evidente, sin embargo, que desde finales de los sesenta la consolidación del proceso integrador y la creciente liberalización comercial en Europa ponían en entredicho dicha previsión. El indudable éxito económico de la integración obligaba a rectificar y a aceptar, por la fuerza de los hechos, la necesidad de una futura incorporación de España a la CEE en defensa del interés nacional. De no hacerlo —decía Santiago Carrillo—, de ponerse en contra del interés nacional «con una actitud dogmática sobre el Mercado Común lo que sucederá es que seremos políticamente arrollados»^‍‍[8]. El reconocimiento implícito de ese éxito del proceso integrador y de la necesidad de acercamiento al mismo no suponía, sin embargo, una variación sensible en la percepción comunista de la naturaleza de la CEE, que seguía siendo considerada «una asociación regional de Estados monopolistas [y] el cogollo del imperialismo europeo»^‍‍[9].

Un segundo factor explicativo del viraje en la percepción comunista de la CEE derivaba de la tendencia inexorable a la integración de los mercados. Esa tendencia había empezado a ser contemplada años atrás, desde la visión comunista, como un resultado objetivo del desarrollo de las fuerzas productivas al que sería estéril oponerse. Ahora se consideraba además que, en el largo plazo, ese desarrollo entraría supuestamente en contradicción con el modo de producción capitalista, abriendo el camino al socialismo. Desde el punto de vista teórico, ese enfoque de las fuerzas productivas como motor de cambio social se acomodaba muy bien con los procesos de internacionalización económica como el que representaba la integración europea. La fundamentación de dicho enfoque encontraba, además, en el plano cultural un buen apoyo en la obra del checo Radovan Richta, uno de los intelectuales de la primavera de Praga de 1968, cuya influencia en un amplio sector de los círculos intelectuales del comunismo español fue muy relevante a principios de la década de los setenta^‍‍[10]. Para Richta la denominada revolución científico-técnica aceleraba el desarrollo de las fuerzas productivas hacia una nueva civilización en la que confluirían tanto las economías capitalistas como las socialistas más allá de cualquier cambio revolucionario en las relaciones de producción, es decir, que sería consecuencia no de una acción revolucionaria sino del inevitable progreso social y económico. Esa línea interpretativa encontraba su filiación en algunos escritos de Federico Engels y en la tradición gradualista y economicista de la socialdemocracia alemana y de la II Internacional —representada con distintos matices por Kautsky o Bernstein—^‍‍[11], y así se traslucía en el manifiesto-programa del PCE elaborado tras la realización del VIII Congreso: «El modelo de desarrollo económico socialista que el Partido Comunista propone para España considera que la abolición de toda forma de propiedad privada capitalista será posible hacerla de forma gradual, a medida que se multipliquen las fuerzas productivas, que se consiga la abundancia de productos y la extensión de los sistemas de servicios»^‍‍[12].

La internacionalización económica derivada de la integración comunitaria permitía, así pues, un nuevo discurso sobre la necesidad de sumarse a un proceso comunitario que cabalgaba sobre esa «corriente objetiva de la internacionalización de las fuerzas productivas» y que se abría camino «venciendo las contradicciones existentes entre los propios países integrantes», aunque de momento respondiera a los intereses del «capital monopolista»^‍‍[13].

Fue un tercer factor explicativo del viraje proeuropeo de 1972, la búsqueda de unidad de la oposición democrática, el que probablemente influyó más decisivamente en el cambio de actitud del PCE ante la integración europea^‍‍[14]. Nada más ilustrativo de ese cambio que la evolución de las posiciones de Santiago Carrillo sobre la inserción del comunismo español en el espacio político de Europa occidental. En el informe ante el VI Congreso celebrado en 1960 Carrillo había mantenido un distanciamiento crítico hacia las fuerzas de oposición españolas identificadas con los valores occidentales y una defensa de la sintonía del comunismo español con el bloque soviético^‍‍[15]. Tras el VIII Congreso esa actitud experimentaba un cambio notable. Se reconocía ahora que no había existido una política europea propia y se abogaba por una independencia que permitiera el acuerdo con otras fuerzas democráticas: «El Mercado Común no es hoy un problema que pueda dividir y enfrentar entre sí a las fuerzas democráticas de nuestro país, que estorbe la búsqueda de un acuerdo para acabar con la dictadura. La solución más conveniente para […] la cooperación económica con Europa no está en manos de la dictadura franquista […] sino en la articulación de la alternativa democrática»^‍‍[16].

La búsqueda de la unidad de las fuerzas de oposición para articular esa alternativa democrática propiciaba despejar la discrepancia sobre el Mercado Común. El viraje proeuropeo podía servir, en efecto, para facilitar cierto acercamiento a otras fuerzas de la oposición democrática, aunque no era este el único obstáculo para un acuerdo de toda la oposición al franquismo en el que participasen los comunistas^‍‍[17]. El PCE había iniciado con la táctica del denominado «pacto para la libertad» una política dirigida a los sectores de la opinión pública más sensibilizados a favor de una alternativa democrática al régimen de Franco. Esa política podía adquirir un mayor impacto a medida que el PCE moderase y limase sus propuestas, acercándolas e incluso identificándolas en muchos aspectos con las del resto de la oposición. En tal sentido, la «cuestión europea» se convertía en pieza clave para evitar los pretextos que desde otras fuerzas políticas podrían esgrimirse para dejar aislados a los comunistas: «Si nos inhibiéramos, si no tomásemos posición [ante la integración europea] la oligarquía se frotaría las manos. […] Toda la labor tan compleja, todo el esfuerzo que venimos realizando […] se vería comprometido; se facilitaría la formación de una coalición que iría desde la derecha reaccionaria hasta los socialdemócratas, demócratas cristianos y otras fuerzas liberales, bajo la bandera del europeísmo»^‍‍[18].

La posibilidad de articular esa alternativa democrática y evitar al tiempo el aislamiento del PCE se materializó con la creación de la Junta Democrática de España en el verano del año 1974. Junto a otras fuerzas muy minoritarias y algunas personalidades independientes, el Partido Comunista constituía el auténtico núcleo de un organismo unitario que entre sus doce propuestas para el cambio democrático en España incluía la plena integración de España en las Comunidades Europeas. La posición anterior del PCE, desde el viraje proeuropeo de 1972, no se decantaba explícitamente por una futura adhesión a la CEE, sino que, en términos mucho más vagos, postulaba que en condiciones democráticas apoyaría un acuerdo que permitiera ir progresando en la cooperación con esta «a medida que las estructuras económicas [de España] se renovasen y alcanzasen la competitividad necesaria»^‍‍[19]. La propia composición de la Junta en la que se integraban destacados europeístas como Vidal Beneyto, además de los socialistas seguidores de Tierno Galván, influyó en la explícita aceptación ahora de la solicitud de adhesión a las Comunidades Europeas una vez alcanzado un régimen democrático en España.

Paralelamente a la apuesta por Europa, el PCE impulsó en las postrimerías del franquismo, junto a otros partidos comunistas, unas posiciones críticas respecto a la Unión Soviética y una defensa de la utilización de la vía democrática para el acceso al socialismo, con total independencia respecto a la Unión Soviética, que configuraron lo que se conoció con el nombre de eurocomunismo^‍‍[20]. La denominación de esa nueva tendencia inducía a algunos equívocos. No todos los partidos eurocomunistas eran europeos, sino que se incluían también en esta corriente partidos de otras latitudes. Por otra parte, el eurocomunismo no planteaba —como podría deducirse de su nombre— una estrategia conjunta para los partidos comunistas de Europa occidental que permitiera utilizar la integración comunitaria como vehículo para una política europea que reforzase la proclamada independencia frente al bloque soviético y que fuera capaz de consolidar un espacio político europeo situado a la izquierda de la socialdemocracia. Por el contrario, lo que reivindicaba la nueva tendencia eran las vías nacionales independientes al socialismo^‍‍[21], siendo ajena por tanto al creciente proceso de internacionalización ya en marcha que podía convertir el espacio europeo en marco privilegiado para la acción política.

III. EUROPEISMO VERSUS ATLANTISMO[Subir]

En la coyuntura política de la Transición y en los primeros años de la democracia la adscripción al eurocomunismo no contribuyó a reforzar la percepción del PCE como una fuerza política europeísta. Su apuesta por el ingreso en la CEE no solo resultaba muy reciente —además de contradictoria con las posiciones mantenidas hasta 1972—, sino que también podía interpretarse como una mera adaptación táctica a las circunstancias políticas españolas y no como un auténtico cambio en su política europea, muy condicionada todavía por un alineamiento internacional radicalmente contrario a la alianza defensiva del pacto atlántico a la que pertenecían la mayoría de los países de Europa occidental. La ventaja del PSOE como competidor por el espacio político de la izquierda resultaba al respecto evidente. La trayectoria europeísta del socialismo español en el exilio era incuestionable^‍‍[22] y el nuevo PSOE surgido de la renovación de Suresnes y liderado por Felipe González había asumido también una actitud favorable a la CEE, aunque no exenta todavía de cierta retórica anticapitalista^‍‍[23]. El socialismo renovado se mostraba también inicialmente reacio a la entrada de España en la OTAN^‍‍[24], pero los argumentos esgrimidos por el socialismo —hasta cierto punto similares a los del PCE— quedaban libres, sin embargo, de la sospecha de que la oposición a la Alianza Atlántica por motivos de «paz, cooperación y superación de los bloques militares» encubriese, como así podía ser percibido en el caso del comunismo, una decantación tácita hacia uno de dichos bloques, es decir, el soviético, dada la ligazón ideológica, aunque crítica, con el «socialismo realmente existente»^‍‍[25].

La divergencia entre las posiciones ante la CEE y ante la OTAN marcó las grandes líneas de la política internacional y europea del PCE desde su legalización en 1977, y alcanzó un punto culminante en el referéndum promovido por Felipe González en 1986 para decidir la permanencia de España en la Alianza Atlántica. Por lo que se refiere a la CEE, la solicitud de adhesión efectuada por el Gobierno de Suárez tras las elecciones de 1977 tuvo el respaldo explícito del PCE^‍‍[26] y el IX Congreso celebrado en abril de 1978 reafirmó el apoyo a dicha adhesión descalificando incluso las posiciones contrarias a la misma. El PCE consideraba una necesidad económica y política «la integración de España en las comunidades europeas» hasta el punto de estimar que quienes se oponían al ingreso en la CEE daban la espalda «a las conveniencias de un proceso democrático, progresista, en el seno de dicha Comunidad, a una construcción europea equilibrada» en la que la «Europa del sur tuviera el peso que le correspondía»^‍‍[27]. Era, sin embargo, la cuestión atlántica la que constituía el grueso de los planteamientos y propuestas en política europea e internacional debatidos en el congreso. El PCE se pronunciaba «clara y rotundamente contra el proyectado ingreso en la OTAN» porque ese ingreso supondría un reforzamiento de los bloques militares y de la carrera armamentista con consecuencias muy negativas para la seguridad y la paz^‍‍[28].

La entrada de España en la OTAN a comienzos de 1982 acrecentó la campaña comunista contra la Alianza iniciada meses atrás, centrada ahora en la exigencia de una consulta para que el pueblo español se pronunciase sobre el abandono de esta. El PCE había obtenido en las elecciones legislativas de 1979 un ligero aumento sobre las de 1977, pero su respaldo electoral en torno al 10 % de los votos en ambas elecciones no se correspondía con las expectativas generadas por su protagonismo en la lucha contra el franquismo. La movilización contra la OTAN podía ser por ello un buen instrumento para ampliar su influencia social y electoral, pero esa posibilidad se enfrentaba a una serie de problemas. El primero de ellos, como ya se ha dicho, era la posición también contraria en principio a la entrada y permanencia en la OTAN por parte del PSOE, el partido que tras las elecciones de 1977 ocupaba el espacio político mayoritario de la izquierda. En segundo lugar, no debe olvidarse que la «cuestión europea» podía ser utilizada por los partidarios de la permanencia en la Alianza Atlántica como instrumento de persuasión ante la opinión pública al presentarla como posible baza para la aceptación por parte de la CEE de la solicitud española de adhesión. El principal problema, sin embargo, era de índole interno ya que el PCE sufrió desde finales de 1979 hasta las elecciones legislativas de octubre de 1982 una crisis con múltiples vertientes que tuvo un efecto autodestructivo sobre el propio partido y que esterilizó en gran medida su actividad política^‍‍[29].

Los resultados de las elecciones de octubre de 1982 supusieron un duro golpe para la organización comunista y un triunfo espectacular del PSOE. Con algo menos del 4 % de los votos, el PCE veía reducida a cuatro diputados su presencia en el Congreso^‍‍[30]. La movilización contra la OTAN no había dado los resultados esperados; antes bien, era el PSOE el que había logrado inclinar a su favor, a pesar de la ambigüedad de su campaña, el voto de los contrarios a la misma^‍‍[31]. Pero el progresivo viraje posterior del socialismo hacia la defensa de la permanencia de España parecía abrir una oportunidad para que, bajo la nueva dirección de Gerardo Iglesias, quien sustituyó a Santiago Carrillo tras su dimisión en noviembre de 1982, la cuestión atlántica permitiese, esta vez sí, una recuperación del voto comunista.

La línea impresa por Iglesias a la política internacional y europea del PCE suponía, aparentemente, una continuidad con la de la etapa eurocomunista, pero aparecían nuevos matices en lo referente a la actitud equidistante ante los dos bloques, a favor del soviético. Las exigencias de una mayor aproximación a Moscú por parte de amplios sectores de la militancia venían manifestándose desde el V Congreso del PSUC celebrado en enero de 1981, que había marcado el inicio de la crisis del eurocomunismo^‍‍[32]. El X Congreso del PCE celebrado en julio de 1981 todavía mantuvo en su ponencia internacional, sin embargo, una posición equidistante ante los dos bloques y muy crítica además respecto a los regímenes del «socialismo real»^‍‍[33]. En el debate en el Comité Central anterior a dicho congreso Manuel Azcárate había llegado a afirmar, a propósito de la situación en Polonia, que se preparaban y se iniciaban cambios en el «mal llamado socialismo real»:

Por el contrario, en las resoluciones del XI Congreso celebrado en diciembre de 1983, el primero tras la debacle electoral de 1982 y bajo la nueva dirección de Gerardo Iglesias, se operaba un cambio significativo en la percepción de la Unión Soviética y de los países del Este. Se reconocían algunas deficiencias democráticas en la «construcción del socialismo», pero desde una actitud muy comprensiva que achacaba la causa de estas al «nivel de atraso con el que iniciaron su nueva andadura» y a «las presiones de que habían sido y seguían siendo objeto por parte del imperialismo». Se insistía además en el diferente origen de ambos bloques haciendo recaer una mayor responsabilidad sobre la OTAN, puesto que se había creado «en primer lugar y con claros propósitos agresivos»^‍‍[35]. Asimismo, se atribuía al bloque soviético un papel decisivo para la paz por su función de freno a la agresividad del bloque occidental: «Los comunistas sabemos que en un mundo como el actual, marcado por la dinámica bipolar, la URSS y los demás países socialistas desempeñan un papel fundamental frente a los propósitos agresivos y belicistas del imperialismo norteamericano»^‍‍[36].

Ese retroceso en el análisis del bipolarismo hacia posiciones anteriores al desarrollo del eurocomunismo no afectaba, sin embargo, a la política mantenida respecto a la integración europea. Por el contrario, la actitud favorable hacia la CEE culminó con la aprobación por los diputados comunistas de la ratificación del tratado de adhesión en 1985^‍‍[37]. En la línea del viraje iniciado en 1972, el PCE consideraba la pertenencia de España a la CEE, en palabras de su portavoz parlamentario Pérez Royo, «como una necesidad derivada del propio desarrollo de la economía española» y «como consecuencia del creciente proceso de internacionalización de las fuerzas productivas». El planteamiento del PCE iba incluso mucho más allá de lo meramente económico para postular también la unidad política de Europa: «Queremos subrayar de manera especial nuestro criterio sobre la necesidad de contribuir a la unidad política de Europa. Los comunistas apoyamos decididamente la construcción de una Europa unida políticamente y valoramos la adhesión de nuestro país a las Comunidades como un paso importante en este sentido»^‍‍[38].

Esa apuesta por la unidad política de Europa presentaba una gran ambigüedad derivada de las posiciones relativas al bloque del Este anteriormente apuntadas. Se consideraba que una futura unidad política de Europa tropezaba con el supuesto dominio de Estados Unidos sobre la Europa occidental, pero no se cuestionaba la adscripción también a un bloque militar de los países europeos de la mitad oriental del continente bajo dominio soviético. Con cierto sesgo, la argumentación se centraba exclusivamente en el gran obstáculo que la OTAN suponía para que una Europa unida pudiera desarrollar «una política propia e independiente», convertirse en «un factor autónomo de la política mundial» y contribuir a la superación de «los bloques militares y el bipolarismo». Es decir, que, dando por bueno el statu quo del bloque socialista, la responsabilidad de la división en bloques se hacía recaer en Estados Unidos y en el bloque militar de la OTAN, obviando la situación de los países sometidos a la URSS en esa futura Europa unida:

La divergencia entre la posición ante la Europa unida y ante el bloque atlántico marcaba el comienzo de un desencuentro con el PSOE que adquiriría carta de naturaleza con motivo del referéndum sobre la permanencia de España en la OTAN, y que había empezado ya a manifestarse en el propio debate sobre la ratificación del Tratado de Adhesión a las Comunidades. La concepción del futuro de Europa difería para el PCE de la de aquellos, entre los que se incluía «al Gobierno y a su Presidente», que no concebían «una Europa sin relaciones de dependencia con los Estados Unidos, es decir, una Europa unida y fuera de la Alianza Atlántica»^‍‍[40].

Finalmente, tras la incorporación de España como Estado miembro a las Comunidades Europeas en junio de 1985, Felipe González convocó el prometido referéndum sobre la permanencia de España en la Alianza Atlántica. Parecían darse las condiciones para que el PCE lograse capitalizar, como principal fuerza política del movimiento anti-OTAN, una posible derrota de las posiciones socialistas. El viraje atlantista imprimido por González al socialismo español reforzaba en gran medida la percepción occidentalista y europeísta del PSOE, pero comportaba también serios riesgos frente a una amplia mayoría de la opinión pública influida sobre todo por los argumentos antibelicistas y de defensa de la neutralidad esgrimidos desde las posiciones contrarias a la permanencia. Como señala Abdón Mateos^‍‍[41], entre los variados factores que influyeron en el vuelco de la opinión pública a favor de la permanencia jugaron un papel relevante la plena incorporación a Occidente defendida por Felipe González tras la incorporación de España a las Comunidades y el propio liderazgo del dirigente socialista, que terminó presentando la consulta como un plebiscito personal «y amenazando con el vacío que se produciría con una victoria del NO» que no estaba dispuesto a gestionar.

El resultado del referéndum supuso un serio revés para el PCE como principal fuerza política impulsora del «no», ya que los votos favorables a la permanencia en la Alianza alcanzaron el 52,5 % y los contrarios el 39,8 %. No obstante, se trataba de un resultado que aparentemente podía constituir una buena base para capitalizar. en las inmediatas elecciones legislativas de junio de 1986. el descontento con la política atlántica del PSOE en el campo de la izquierda. Se daba además la circunstancia de que la oferta electoral del PCE aparecía ahora arropada por una coalición unitaria, Izquierda Unida, creada precisamente en el contexto de las movilizaciones anti-OTAN auspiciadas en gran medida por el comunismo. Los resultados de las elecciones no pudieron ser, sin embargo, más decepcionantes para esa nueva coalición. Con un ligero aumento de los votos sobre las elecciones de 1982 y solo siete escaños, la representación en el Congreso de los Diputados se reducía a un tercio de los que el PCE había obtenido en solitario, tras su legalización, en las dos primeras elecciones de 1977 y 1979.

IV. DEL EUROPEÍSMO CRÍTICO AL EUROESCEPTICISMO[Subir]

El escaso rédito obtenido por su posición contra la OTAN no supuso ninguna alteración en la política europea del PCE/IU respecto al rechazo del atlantismo y el respaldo al proceso de integración. No obstante, en la ratificación del Acta Única Europea, a pesar del apoyo parlamentario a la misma, se manifestaron por parte del PCE/IU algunas posiciones de descontento con el rumbo que adquiría la Europa comunitaria. Dichas posiciones no cuestionaban la propia naturaleza de la integración, sino que se inscribían en un «nuevo europeísmo crítico» que se fundamentaba esencialmente en dos objeciones al proceso integrador^‍‍[42]. La primera de ellas apuntaba a lo que en años posteriores iba a convertirse en un leit motiv de los argumentos críticos esgrimidos contra la Unión Europea, es decir, el «déficit democrático». Las carencias democráticas se manifestaban, en palabras del portavoz de Izquierda Unida en el debate de ratificación del Acta Única Europea, Ramón Tamames, en la propia «forma de elaboración realizada por los Gobiernos sin ninguna intervención del Parlamento», así como en el mantenimiento de «las estructuras no democráticas de los órganos de la CEE». La segunda objeción se relacionaba con la naturaleza social y económica de la Comunidad e iniciaba también una línea crítica que, en cierto modo, suponía un rebrote de las reticencias anticapitalistas anteriores mantenidas ante el proceso comunitario. No obstante, esas reticencias estaban ya muy lejos de las concepciones teóricas relativas al «capitalismo monopolista» que habían impregnado ideológicamente años atrás la visión comunista de la integración europea. Se trataba ahora de la simple constatación de que, hasta el momento, la CEE no había abordado «aspectos sociales y económicos de gran trascendencia», funcionando solo como una «Europa de mercaderes», expresión que iba a adquirir fortuna durante algunos años en sectores sociales, políticos e intelectuales partidarios de dotar a la Europa comunitaria de un mayor contenido político y social, más allá del objetivo del mercado común.

Los aspectos críticos de la visión comunista de la CEE en los años inmediatamente posteriores a la adhesión no impedían, sin embargo, una total identificación con el proceso comunitario que se acompañaba, además, de una convicción sobre la necesidad para España de estar plenamente incorporada a dicho proceso. Era en las propuestas para el futuro de una Europa unida donde se mantenía la divergencia entre la apuesta por la integración económica y política de Europa occidental y la denuncia de lo que se consideraba «un pensamiento europeísta de corte conformista y sumiso respecto de las estrategias americanas». En el caso de España ese conformismo estaba representado por el «Presidente González, el mismo que se empeña[ba] en presentar como inseparables la CEE y la OTAN» cuando en realidad, según sostenía el secretario general del PCE Gerardo Iglesias, la Alianza Atlántica era el principal obstáculo para la unidad e integración europeas^‍‍[43]. La CEE estaba sufriendo, desde dicha óptica, el acoso de una «segunda guerra fría» que habría alcanzado un punto culminante con la instalación en suelo europeo de los euromisiles. Se trataba de una ofensiva de la Administración americana, cuya política de recuperación de la hegemonía mundial incluía, según Iglesias, «la subordinación y el repliegue de Europa» y la renuncia al proyecto europeo en aras de los designios expansionistas de Estados Unidos.

Junto a las posiciones críticas sobre el atlantismo, el PCE mantuvo durante la segunda mitad de los ochenta un discurso europeísta que abogaba por la profundización comunitaria del proceso integrador con una perspectiva que apuntaba incluso a la «construcción de la soberanía europea». El apoyo al proyecto Spinelli^‍‍[44] aprobado en 1984 por el Parlamento Europeo constituía la referencia fundamental de dicho discurso europeísta que se sustanciaba en tres grandes propuestas. En primer término la otorgación de poderes legislativos efectivos al Parlamento y el abandono de la regla de la unanimidad en la toma de decisiones del Consejo de Ministros, sustituida por un criterio de mayoría cualificada. Una segunda propuesta se refería al establecimiento de un mercado laboral a escala comunitaria que potenciase «la homogeneización de los mercados conexos, hasta hacer emerger con entidad un mercado europeo». Se abogaba, por último, por políticas económicas y sociales comunes que sirvieran para «resolver los grandes problemas que afecta[ban] cotidianamente a los ciudadanos europeos».

La dimensión europea de la política comunista no se reducía a las propuestas de profundización del proceso integrador, sino que abarcaba también aspectos estratégicos de la vía democrática hacia el socialismo. A diferencia de la defensa de las vías nacionales que había marcado la etapa del eurocomunismo, se abría paso ahora la necesidad de incorporar al programa político del PCE la «dimensión europea de la estrategia». La opción europeísta debía dejar de ser «una mera guinda» para informar al completo el programa del partido, ya que «sin dimensión europea» no podía existir «una estrategia trasformadora que mere[ciera] tal nombre»: «Europa, por tanto, es para nosotros, al menos formalmente, además de un marco de nuestra lucha por el socialismo, un objetivo político. De esta forma hemos proclamado nuestra opción europea de progreso. Somos un partido europeísta»^‍‍[45].

¿Hasta qué punto estaba influida la opción plenamente europeísta del PCE por la nueva situación internacional y europea abierta con la llegada al poder de Gorbachov en la Unión Soviética? La actitud soviética respecto a la Europa comunitaria se había moderado desde finales de los años sesenta, momento en el que también algunos partidos comunistas occidentales, como era el caso del PCE, iniciaron un viraje en su actitud hacia la CEE. Aunque la interpretación oficial soviética vigente mantenía el «carácter agresivo y reaccionario de la política europea de integración»^‍‍[46], comenzaba a abrirse paso una visión más ajustada a la realidad del proceso comunitario y la posibilidad de una apertura y colaboración con Europa occidental. Esa tendencia culminó entre 1973 y 1975 con la celebración de la Conferencia sobre Seguridad y Cooperación en Europa, pero se interrumpió posteriormente desde finales de la década de 1970 coincidiendo con la intervención soviética en Afganistán^‍‍[47]. Fue precisamente durante estos últimos años cuando se manifestaron con mayor fuerza en el seno del PCE las opciones más proclives al bloque soviético, que, encabezadas por Jaime Ballesteros^‍‍[48], llegaron a plantear, aunque sin éxito, una reconsideración del apoyo a la adhesión de España a la CEE^‍‍[49]. El acceso al poder de Gorbachov en 1985 iba a abrir, sin embargo, una nueva etapa para el comunismo en Europa occidental con consecuencias de gran relevancia para su actitud ante la integración europea.

La política de apertura de Gorbachov sintonizaba con las tendencias más renovadoras y más proclives al apoyo de la integración europea de algunos partidos comunistas occidentales. Esa sintonía debió influir muy probablemente en el europeísmo del PCE durante la segunda mitad de la década de 1980, especialmente tras el cambio de rumbo oficial de la Unión Soviética respecto a la CEE manifestado en las «Catorce Tesis sobre el Mercado Común» del Instituto de Economía Mundial y de Relaciones Internacionales de la Academia de Ciencias de la URSS de 1988^‍‍[50]. Precisamente en este año se había producido un cambio en la dirección política del PCE que había dado paso a Julio Anguita como secretario general del partido, quien asumiría también la dirección de IU desde 1989. El liderazgo de Anguita propició una recuperación electoral del PCE/IU que se mantuvo hasta 1999, rompiendo el declive experimentado desde las elecciones de 1982 y en contraste con la tendencia general de pérdida de influencia social y electoral de los partidos comunistas de Europa occidental durante dichos años^‍‍[51].

En las elecciones europeas y legislativas celebradas, respectivamente, en junio y octubre de 1989 Izquierda Unida presentó unas propuestas marcadamente europeístas —con ausencia de toda crítica al proceso de integración— que abogaban por la consecución de la unidad política de Europa y su mayor presencia internacional «como sujeto de paz y de progreso»^‍‍[52]. Junto al apoyo de la Cooperación Política Europea y de las futuras ampliaciones de la CEE, el programa electoral incluía también, como aspecto más significativo en el plano económico europeo, el apoyo de las relaciones entre la CEE y el Consejo de Ayuda Económica Mutua (CAME) de los países del bloque del Este. En el plano político, el apoyo se trasladaba a los procesos de democratización de las «democracias populares», defendiendo las resoluciones de la Conferencia de Seguridad y Cooperación Europea en cuanto a la intangibilidad de las fronteras.

Los acontecimientos en la Europa del Este, desencadenados tras el derribo del Muro de Berlín apenas unos días después de las elecciones legislativas de octubre, cambiaron completamente el panorama europeo y tuvieron el efecto de reafirmar, por el momento, el apoyo del PCE a la profundización de la integración europea. La Europa dividida en dos realidades antagónicas había terminado y los bloques militares habían devenido en realidades obsoletas: «La nueva Europa constituía la antítesis de la existente hasta ayer mismo»^‍‍[53]. Era pues un buen momento para la reflexión crítica sobre las posiciones mantenidas en el pasado y en tal sentido se reconocía que la tardanza en apostar plenamente por el proceso de integración, como sí lo habían hecho las fuerzas conservadoras y socialdemócratas desde su inicio, había dificultado la implantación de los partidos comunistas en la mayoría de los países comunitarios^‍‍[54].

Superada la división en bloques, la perspectiva de una futura unidad europea no limitada al bloque occidental se abría ahora paso como una realidad alcanzable. El propio Gorbachov había hablado de la «casa común» europea y resultaba evidente que la política de «perestroika» podía ser considerada como el factor desencadenante de los procesos de cambio que se estaban produciendo en los países del Este^‍‍[55]. Esa nueva realidad podía permitir una estrategia de cooperación de los partidos comunistas europeos, tanto de la Europa occidental como del antiguo bloque del Este^‍‍[56], y una confluencia con nuevas fuerzas a la izquierda de la socialdemocracia facilitada en el caso de España por la existencia de Izquierda Unida como formación política plural: «Este es hoy nuestro gran reto, es decir, invertir los papeles y dejar de pensar en la política europea como un instrumento para hacer política en los Estados miembros, planteándonos cómo puede IU […] colaborar en la construcción europea, avanzando en la definición de esa nueva izquierda a la que no renunciamos como vehículo transformador de la sociedad»^‍‍[57].

Desde la caída del Muro hasta la aprobación del Tratado de Maastricht los planteamientos críticos del comunismo español ante la CEE fueron similares a los mantenidos con ocasión del Tratado de Adhesión de España y del Acta Única Europea. En el plano político de la integración se abogaba por reformas de los órganos comunitarios que sirvieran para conceder «competencias legislativas auténticas al Parlamento Europeo» y superar así el «déficit democrático» de la Comunidad. Otro aspecto crítico se centraba en la preocupación por dotar a la Europa comunitaria de un contenido social que complementase, mediante políticas reguladoras e intervencionistas de obligada aplicación en los Estados miembros, el funcionamiento del mercado único europeo^‍‍[58]. Una última cuestión crítica, como es sabido, era la disconformidad con la alineación internacional de Europa occidental con el bloque atlántico, pero desde la descomposición del bloque soviético el argumento de la neutralidad europea ante los dos bloques iba a ir perdiendo consistencia^‍‍[59]. Incluso se suavizaba la actitud ante Estados Unidos al considerar que «los instrumentos de cooperación a nivel continental» debían contemplar también las relaciones con la potencia americana «buscando formas permanentes para el diálogo»^‍‍[60]. En el caso de los sectores más renovadores del PCE se iba incluso más allá en lo referente a la naturaleza económica capitalista del proceso de integración. Se aceptaba plenamente la necesidad del «mercado como instrumento regulador de la economía», constatando que el estatalismo había desaparecido de todas las economías de los países europeos y que el debate no podía establecerse ya entre capitalismo o «no capitalismo», sino entre «capitalismo puro y duro, o sistemas de economía mixta»^‍‍[61]. La nueva situación económica de los países del Este tras la desaparición de los regímenes comunistas se valoraba incluso como una oportunidad para crear un nuevo «gran mercado europeo» hegemónico en la economía internacional^‍‍[62].

En el XIII Congreso celebrado en diciembre de 1991, escasos días antes de la desintegración de la Unión Soviética, la posición oficial sobre la Europa comunitaria reafirmaba la valoración favorable del proceso integrador como el único proyecto posible de unidad europea. Las objeciones a dicho proceso —que derivaban de la apuesta a favor de un europeísmo «federalizante»— no afectaban a su naturaleza sino a su «carácter limitado e insuficiente», que debería superarse planteándose, entre otros, dos objetivos fundamentales. Uno de ellos, la creación de un espacio económico y social integrado para «la consecución de una Europa de pleno empleo». El otro, la apertura de un período constituyente para posibilitar «la constitución de un espacio político de democracia avanzada»^‍‍[63].

V. LA INFLEXIÓN DE MAASTRICHT[Subir]

Esa conformidad con la naturaleza del proceso integrador y su inmediato futuro cambió radicalmente con ocasión del Tratado de la Unión Europea (TUE) aprobado en Maastricht en febrero de 1992. En el debate en el seno de Izquierda Unida ante la ratificación por España del tratado se manifestaron dos tendencias que originaron finalmente una división del voto del grupo parlamentario en el Congreso^‍‍[64]. El debate se enmarcaba en una oposición crítica al TUE sin que esta significase un rechazo de la Unión Europea, sino solo un cuestionamiento del modelo de integración que la configuraba, al que se tachaba de conservador e insolidario. En las resoluciones de la III Asamblea Federal^‍‍[65], celebrada meses antes de la ratificación por las Cortes del Tratado de la Unión Europea, se constataba ya una radicalización del relato sobre la integración europea y su futuro que se traducía en considerar insuficientes, y hasta cierto punto inoperantes, las propuestas reformistas sostenidas desde el europeísmo crítico en relación con un mayor contenido social y con la superación del déficit democrático: «El problema de la Europa social y de los pueblos no se puede limitar a solicitar la aprobación de la Carta social y más fondos para la cohesión económica y social. Lo mismo que la Europa política no se alcanza únicamente reivindicando más poderes para el Parlamento Europeo».

Era la propia naturaleza de la integración, plasmada ahora en Maastricht, la que al responder a las exigencias del «gran capital», en el marco de la denominada globalización neoliberal, constituía un obstáculo no solo para las políticas transformadoras en Europa sino también para las políticas nacionales, seriamente condicionadas por los criterios de convergencia del TUE. La construcción de Europa estaba enfeudada, según IU, a los intereses de un proyecto conservador y neoliberal y era deber de la izquierda transformadora elaborar un proyecto alternativo global en el que tenían que estar presentes los «ismos» (feminismo, ecologismo, pacifismo, etc.) que, desde el colapso de los regímenes comunistas en Europa, iban a acompañar a la «nueva izquierda» complementando, y más tarde sustituyendo incluso, el relato de la lucha por el socialismo de décadas anteriores^‍‍[66]. En realidad, lo que traslucía la oposición a Maastricht era la inquietud ante el peligro de pérdida o debilitamiento de las conquistas sociales que habían configurado el Estado de bienestar europeo. Los efectos de la globalización obligaban, según IU, a una adaptación de las políticas económicas de los Estados miembros a las exigencias de una creciente competitividad internacional. Esa adaptación ejercía «una fuerte presión sobre el sector público desde el capital privado» que se expresaba en «privatizaciones, políticas restrictivas de gasto y, en general, en una fuerte competencia contra el Estado como captador de capital»^‍‍[67].

Las posiciones de rechazo al TUE en la III Asamblea Federal de IU eran consecuencia del triunfo del sector mayoritario, estrechamente ligado a Julio Anguita, y expresaban por ello el planteamiento radicalmente contrario del PCE a la Europa diseñada en Maastricht^‍‍[68], pero esa mayoría no quedaba reflejada en la representación parlamentaria. Ello explica la aparente paradoja de la tibieza de Anguita en su crítica a la ratificación del tratado en el debate del Congreso de Diputados, centrada fundamentalmente en la exigencia de un referéndum para que el conjunto de la ciudanía pudiera decidir sobre la aprobación del mismo^‍‍[69]. La exigencia de esa consulta popular era compartida por el conjunto de IU, pero en el análisis del contenido del TUE las discrepancias eran significativas. Según Anguita, la cesión de soberanía iba a ir a parar a «centros de decisión que no tienen el control democrático por parte de las más altas instancias representativas […] ni están supeditados al Parlamento Europeo». La oposición al tratado confluía con la crítica al gobierno de Felipe González. La Unión Económica y Monetaria obligaba a cumplir unos plazos y requisitos de convergencia económica que iban a intensificar, a juicio de Anguita, «el fracaso de la política económica gubernamental» a la que se achacaban el aumento del paro, la precariedad en el empleo, la destrucción del tejido productivo, la inflación, el aumento del déficit de la balanza comercial y los presupuestos restrictivos^‍‍[70].

La votación de la ratificación del tratado en el Congreso de los Diputados sacó a la superficie las discrepancias en Izquierda Unida. La propuesta inicial de abstención que Anguita ofreció como síntesis de las opiniones contrarias y favorables al tratado no llegó a materializarse. Ocho de los diputados de IU votaron a favor de la ratificación y otros ocho, entre ellos el propio Anguita, se abstuvieron. Aun compartiendo algunos aspectos críticos, el planteamiento del sector favorable a Maastricht, liderado por Nicolás Sartorius, optaba por considerar que la Unión Europea representaba un avance en el proceso de integración y una mejora, aunque tímida, en la dimensión social europea y en la atenuación del déficit democrático. Se trataba, en definitiva, de una continuidad con el europeísmo crítico que el PCE/IU había mantenido hasta principios de los noventa sin que Maastricht fuera percibido, desde esta perspectiva, como un retroceso. Solo en el caso de la moneda única se planteaba alguna objeción a la independencia del futuro Banco Central Europeo, pero se consideraba que con la unión monetaria se profundizaría la unidad europea en múltiples aspectos^‍‍[71]. La cuestión europea provocaba así una división en Izquierda Unida que se traduciría en un reforzamiento del PCE en el seno de la formación, con el debilitamiento de otras tendencias y el abandono de algunos significados dirigentes^‍‍[72]. La línea impulsada por Anguita marcaría todo el período de las políticas de convergencia a la moneda única durante la década de los noventa, imponiéndose una visión negativa de la integración europea según el modelo iniciado en Maastricht^‍‍[73] al que el propio Anguita, en el cierre de su intervención sobre la ratificación del TUE en el Congreso de los Diputados, vaticinaba un más que incierto futuro: «Si no hay voluntad total de que la gente participe en este complejo proceso, la construcción europea será muy difícil […]. No hagamos una ecuación que diga: Maastricht igual a la construcción europea […]. Pudiera ser que Maastricht signifique, por mor de las leyes del mercado, de la desarticulación social y territorial, un puñal en el propio seno de Europa»^‍‍[74].

VI. MÁS ALLÁ DE LA UNIÓN EUROPEA[Subir]

Durante los años que siguieron a la entrada en vigor del TUE la política europea del PCE/IU estuvo condicionada fundamentalmente por dos factores. Uno de ellos, de índole interna, era la percepción negativa de las políticas económicas del Gobierno de Felipe González y del posterior Gobierno de Aznar. Ambas quedaban identificadas con el modelo de integración abierto en Maastricht que, desde la óptica comunista, servía de coartada «europeísta» para los ajustes antisociales y regresivos al ser planteados como una exigencia para la «convergencia nominal» hacia la moneda única. El rechazo a la «europeización» de la política económica nacional según el modelo de Maastricht desembocaba en un tipo de oposición radical contra dicha política que no establecía diferencias sustanciales entre los dos partidos, el PSOE y el PP, que desde la izquierda y la derecha ejercieron el poder durante los años noventa. Ese rechazo reforzaba la estrategia que desde años atrás venía manteniendo el PCE/IU respecto a las políticas del PSOE, que llegaban a ser consideradas como «las más conservadoras de Europa»^‍‍[75] y que por su identificación con la derecha habrían abierto el camino, supuestamente, al triunfo electoral del PP en 1996^‍‍[76]. Era preciso pues, dado el condicionamiento europeo de dichas políticas, redefinir el eje de «la arquitectura europea» y proponer a los ciudadanos un proyecto diferente al que dominaba «el proceso de construcción europea, sostenido por los partidos conservadores y la mayor parte de los socialdemócratas, a través de los gobiernos nacionales, las instancias comunitarias y las respectivas internacionales»^‍‍[77].

El segundo factor tenía que ver con la nueva situación del movimiento comunista en Europa tras el colapso del bloque soviético y las transformaciones y mutaciones operadas en el espacio político situado a la izquierda de la socialdemocracia. El PCE, mediante la apuesta por Izquierda Unida, fue el único partido comunista de Europa occidental que no sufrió un retroceso en su respaldo electoral durante la década de los noventa, soportando con mejor fortuna la crisis generalizada por la que atravesó el comunismo en los países europeos tras la caída del Muro de Berlín. A diferencia del Partido Comunista Italiano (PCI), que decidió disolverse y dar paso a una nueva formación política, el Partito Democratico della Sinistra (PDS), posteriormente integrado en la Internacional Socialista, el PCE reafirmó su identidad rechazando su disolución en Izquierda Unida y cualquier aproximación a la socialdemocracia^‍‍[78]. La estrategia seguida por el comunismo español y por IU, bajo la dirección de Anguita supuso, en cierta medida, una involución ideológica hacia etapas anteriores al eurocomunismo^‍‍[79] aunque adaptada al nuevo orden internacional y europeo surgido de la implosión de la Unión Soviética y a la emergencia de otras fuerzas de signo anticapitalista y contrarias al modelo de integración europea diseñado en Maastricht:

La radicalidad de las posiciones contra la Europa de Maastricht originaba un nuevo tipo de afinidades para la acción en la arena política europea^‍‍[81]. Las relaciones privilegiadas de antaño con el desaparecido PCI no se trasladaban al nuevo PDS, debido a su orientación socialdemócrata, sino al nuevo partido residual del comunismo italiano, Refundación Comunista, y al Partido Comunista Francés^‍‍[82], muy reacio a cualquier cambio de orientación política tras el colapso del bloque soviético. En sintonía con dichos partidos, y con el resto de fuerzas que integraban en el Parlamento Europeo el Grupo de la Izquierda Unitaria Europea, la ratificación del Tratado de Ámsterdam fue rechazada por el grupo parlamentario de Izquierda Unida en el Congreso de los Diputados en octubre de 1998^‍‍[83]. La enmienda a la totalidad presentada meses antes explicitaba las razones de dicho rechazo, muy ajenas al contenido del mismo y centradas en los supuestos efectos negativos que la moneda única iba a ocasionar en el empleo y en el deterioro de las condiciones sociales^‍‍[84].

La divergencia entre el rechazo del modelo de integración de Maastricht^‍‍[85], por un lado, y los efectos que la política de convergencia estaba produciendo en la economía española y en la percepción de la opinión pública sobre la futura Unión Monetaria, por otro, no podía ser más evidente. Desde 1994 el PIB experimentó un crecimiento sostenido con tasas anuales en torno al 4 % entre 1997 y 2001, manteniéndose por encima del 3 % hasta el comienzo de la crisis en 2007. La disminución del paro resultaba también extraordinaria, ya que se pasaba de cifras superiores al 24 % en 1994 a poco más del 10 % en 2001^‍‍[86]. No es de extrañar que desde 1995 se produjera un significativo cambio de tendencia en sentido favorable de la opinión pública española sobre la integración europea^‍‍[87] y, lógicamente, un escaso crédito de las críticas a Maastricht y a las políticas de convergencia mantenidas desde el PCE/IU.

En las elecciones europeas de 1994, coincidiendo con el porcentaje de paro más alto registrado hasta entonces en España, IU había alcanzado el mayor porcentaje de voto de su historia —y del PCE como antecesor de dicha formación política— en unas elecciones de ámbito nacional. Del 6,6 % en 1989 se llegaba ahora al 13,44 % de los votos, un aumento espectacular que hizo concebir a Anguita la posibilidad de desbancar al PSOE y convertir IU en la formación política mayoritaria de la izquierda mediante el rechazo y la denuncia de las políticas de ajuste para la convergencia puestas ya en marcha por el último Gobierno de González. Las elecciones legislativas de 1996 no confirmaron, sin embargo, esas previsiones. La erosión del PSOE no se traducía en un avance electoral del PCE/IU, que obtenía tan solo un 10,44 % de los votos, sino en un triunfo de la derecha cuyo programa abogaba precisamente por un más estricto cumplimiento de las políticas de convergencia para acceder a la Unión Monetaria. Las sucesivas elecciones europeas de 1999 (5,77 %) y legislativas de 2000 (5,45 %) marcaron un nuevo retroceso de IU con una pérdida de prácticamente la mitad de su anterior respaldo electoral. El fracaso de la estrategia del sorpasso y de la oposición a Maastricht cerraba un ciclo de la política del PCE/IU que, pese a la no consecución de sus objetivos, sí supuso una revitalización temporal de la opción comunista en España en contraste con el declinar de otros partidos comunistas occidentales en la década de los noventa.

VII. CONCLUSIONES[Subir]

La integración comunitaria provocó una creciente europeización del PCE, condicionando su política europea e influyendo también en la táctica y estrategia de su política nacional, sobre todo desde las postrimerías del régimen de Franco. Partiendo de un antieuropeísmo ideológico, motivado por su identificación con los planteamientos soviéticos ante el proceso integrador, el PCE inició a comienzos de la década de los setenta un viraje en su política europea que tuvo originariamente un carácter eminentemente táctico con el objetivo de despejar obstáculos para una posible unidad de la oposición al franquismo y de no distanciarse de una opinión pública que contemplaba la integración europea como una oportunidad de modernización y desarrollo económico.

Durante la transición democrática el PCE se esforzó por presentarse ante la sociedad española como una fuerza política netamente europeísta, pero ese atributo encontraba muchas dificultades para su percepción por la opinión pública. En gran medida porque el europeísmo impregnaba en aquellos momentos todas las propuestas de las distintas formaciones políticas y de prácticamente todas las organizaciones sociales, económicas y culturales de la sociedad civil^‍‍[88]. El consenso europeísta diluía por tanto la reciente profesión de fe proeuropea del comunismo y daba a esta un cierto tono de simple adaptación mimética a un contexto del que resultaba difícil evadirse. Por el contrario, la plena aceptación del proceso integrador pudo ser potencialmente un factor para la acentuación de la crisis política y organizativa sufrida por el partido a comienzos de los ochenta. De hecho, el cambio de actitud respecto a la CEE en el VIII Congreso, realizado con métodos burocráticos y sin debate previo, había originado brotes de descontento en las bases y, posteriormente, algunos dirigentes como Jaime Ballesteros cuestionaron las posiciones oficiales al respecto. Aunque excede del alcance de este trabajo, la comprobación de la mayor o menor aceptación del relato del PCE e IU sobre la integración comunitaria por parte de sus bases sociales y electorales puede abrir una línea de investigación enriquecedora para el análisis de la evolución de su política europea.

En el campo de la imagen proeuropea el PSOE llevaba mucha ventaja sobre el PCE. Tanto por su continuada trayectoria europeísta anterior, que el «socialismo renovado» de Felipe González incorporaba —aunque con planteamientos inicialmente críticos—^‍‍[89] asumiendo las posiciones del «socialismo histórico» en su apoyo a la integración, como por su vinculación a una socialdemocracia europea plenamente identificada con el proyecto europeo, el PSOE podía capitalizar casi en exclusiva las aspiraciones europeas de una gran parte de la sociedad española^‍‍[90]. Esas aspiraciones, más allá de la mera incorporación a la CEE, estaban asociadas a un deseo de libertad, democracia y progreso social que el PSOE estaba también en mejores condiciones de asumir mediante el discurso de la «modernización» y la asociación de esta con las democracias occidentales y con el desarrollo del denominado modelo social europeo. Para el PCE, por el contrario, resultaba muy difícil hacer creíble un discurso europeísta y modernizador debido a los vínculos que, a pesar de la vía eurocomunista, mantenía con la Unión Soviética y las «democracias populares».

Además de estar muy condicionada por la identificación con los países del «socialismo realmente existente», la opción «eurocomunista» del PCE tropezó con la enorme dificultad de competir con el PSOE por un mismo espacio político. Aunque desde el «eurocomunismo» se insistía en su diferenciación con el socialismo reformista, resultaba difícil apreciar rasgos específicos en la práctica política del PCE que supusiesen una superación de la socialdemocracia. Tampoco en su política europea, favorable a la plena incorporación de España a la CEE, se visualizaba diferencia alguna. Quizá por ello, tras el triunfo del PSOE y la debacle electoral del comunismo en las elecciones de 1982, el PCE apostó en su política europea por un rotundo rechazo hacia la vinculación atlántica de la Europa comunitaria. El antiatlantismo respondía sin duda a la tradición de la cultura política comunista desde los primeros años de la posguerra europea, pero podía servir también ahora como táctica para captar electoralmente el descontento provocado por el viraje del PSOE respecto a la OTAN.

En el proceso de europeización de su política, el PCE se esforzaba en diferenciar su rechazo de la Alianza Atlántica de su posición totalmente favorable a la Europa comunitaria. Los argumentos en que se basaba dicha diferenciación tenían fundamentalmente un carácter ideológico y no atendían a la propia realidad de la integración europea y, en general, de Europa occidental en el campo de la defensa. Dichos argumentos, una vez incorporada España a la OTAN, podían haber evolucionado hacia posiciones similares a las del PCI —partido con el que existía una total identificación en otros campos—, que había aceptado el marco de la defensa occidental sin propugnar la salida de Italia de la Alianza Atlántica^‍‍[91]. Pero en el rechazo a la OTAN por parte del comunismo español, además de su utilización táctica para erosionar al PSOE subyacía también un antiamericanismo ideológico que poco tenía que ver con las motivaciones reales de los países comunitarios para su pertenencia a la Alianza. El PCE daba por supuesto que el atlantismo era consecuencia de una dominación de EE. UU. sobre Europa occidental, opuesta a un auténtico europeísmo, pasando por alto la actitud favorable a la Alianza de los distintos Estados miembros por las ventajas que esta proporcionaba en las políticas de defensa y seguridad^‍‍[92]. Pasando por alto también las ventajas del ahorro presupuestario en gasto militar ofrecido por el «paraguas» defensivo de la OTAN que, en gran medida, contribuía al desarrollo y mantenimiento del modelo social europeo.

El acceso de Julio Anguita al liderazgo del PCE e IU significó también una creciente europeización de la política comunista pero en sentido contrario al mantenido anteriormente. El cambio de tendencia electoral del comunismo desde 1989 coincidió con el desplome del bloque soviético, abriéndose una posible alternativa de transformación del PCE similar a la que iba a experimentar el PCI. El impulso electoral proporcionado por el liderazgo de Anguita coincidía con un acusado desgaste del PSOE motivado por un extraordinario aumento del paro, que llegó a alcanzar casi el 25 % en 1994, y con los negativos efectos de una corrupción generalizada que deterioró seriamente el liderazgo de Felipe González y podía permitir por tanto captar el descontento que se estaba originando en el campo de la socialdemocracia. El comunismo español contaba además para ello con la ventaja de la existencia de IU, lo que facilitaba una posible disolución del PCE y su completa inmersión en dicha formación política dando paso a un nuevo partido que, asumiendo la parte más defendible de la tradición comunista, podía quedar liberado en gran medida del lastre que suponía la identificación anterior con el colapsado bloque soviético^‍‍[93].

La opción de Anguita, sin embargo, no se centró en conquistar parte del espacio político de la socialdemocracia mediante el abandono del comunismo, sino en intentar desbancar la hegemonía socialista en la izquierda mediante la estrategia del sorpasso y de la identificación de las políticas económicas del PSOE y de la derecha^‍‍[94]. Dado el condicionamiento europeo de dichas políticas, la oposición al modelo de integración de Maastricht presentaba una doble vertiente. Por un lado reforzaba, en el plano nacional, esa identificación entre la socialdemocracia y la derecha. Por otro permitía converger con otros partidos comunistas y con otras fuerzas de la nueva izquierda anticapitalista roji-verde presentes en el Parlamento Europeo. La relativa recuperación del comunismo español en comparación con el resto de partidos comunistas europeos permitió así a Anguita ejercer un liderazgo internacional a través del Foro de la Nueva Izquierda Europea creado por IU en 1991^‍‍[95]. La configuración de una nueva «internacional euroescéptica»^‍‍[96], que servía para suplir la orfandad del aglutinante internacional que anteriormente había proporcionado la existencia de la esfera soviética, daba así consistencia supranacional «europeísta» al proyecto de Anguita^‍‍[97]. La estrategia del sorpasso y de la oposición frontal a la socialdemocracia se reveló prontamente, sin embargo, totalmente ilusoria. El declive del PSOE se inscribía en un lógico desgaste tras muchos años de gobierno y era solo transitorio. Manteniendo su política de apoyo a la Europa de Maastricht y, posteriormente, al fallido Tratado Constitucional el socialismo mantuvo su hegemonía en el conjunto de la izquierda y alcanzó de nuevo el poder entre 2004 y 2011, beneficiándose de los efectos positivos de la moneda única en el crecimiento y en el empleo hasta el comienzo de la crisis financiera de 2007-‍2008.

Las dos fases de la europeización del comunismo español se saldaron, así pues, con una escasa rentabilización de la actitud respecto a Europa de la opinión pública española, a excepción en cierta medida de un breve período durante la primera mitad de los noventa. En un primer momento, tras su rápida conversión al europeísmo durante la década de los setenta, el PCE no logró capitalizar en su provecho, por las razones más arriba apuntadas, el casi unánime afán de la sociedad española por la incorporación a la Europa comunitaria. Posteriormente, la aceptación de la integración europea pero el rechazo del modelo surgido en Maastricht^‍‍[98] y de sus implicaciones en la política nacional pareció facilitarle un mayor respaldo de la opinión pública entre 1990 y 1996, años en los que el descontento respecto a la UE aumentó sensiblemente. El mantenimiento de dicha estrategia una vez se produjo el cambio de tendencia del ciclo económico a mediados de los noventa y el acceso a la Unión Monetaria en 1999 provocó, sin embargo, el resultado contrario. El rechazo de la Europa de Maastricht, necesario para la diferenciación con el PSOE en las políticas nacionales, no coincidía ya con el estado de la opinión pública ni con la mejoría económica que se estaba produciendo en la fase de convergencia hacia la moneda única. Las elecciones europeas de 1999 y las legislativas de 2000 marcaron el inicio de un nuevo declive del comunismo que ensayaba ahora un acercamiento táctico al PSOE bajo el liderazgo de Francisco Frutos. Tuvieron que trascurrir varios años, un deterioro del sistema de partidos y una imprevista y prolongada crisis económica para que, en el contexto de un generalizado declive de la socialdemocracia europea, la estrategia del sorpasso al PSOE en el campo de la izquierda cobrase visos de verosimilitud por parte ahora de una nueva fuerza política, Podemos, y a costa de un desplazamiento del PCE e IU hacia una posición subordinada y marginal en el sistema de partidos.